La Constitución Nacional de 1992, concebida tras la caída de una dictadura que duró 35 años, y con la intención de que no repitiéramos los errores y las experiencias vividas bajo un gobierno autoritario, incluyó algunos seguros. Uno de esos han sido la facultades y privilegios depositados en el Poder Legislativo, configurado a partir del artículo 3, desde el cual se determina que “El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público”.
Claramente era la intención frenar al Ejecutivo, considerando nuestro pasado dictatorial en el cual, con la unidad granítica stronista, Estado, Partido Colorado, Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional había sido reducido a su mínima significación.
Hoy, el Congreso Nacional detenta un gran poder. La coyuntura, un Parlamento con mayoría de la ANR en ambas cámaras, es un desafío para la democracia. ¿Podrá un partido con un pasado de fuerte compromiso autoritario ser capaz de utilizar racionalmente esa mayoría.
Además de la mayoría colorada en el Congreso, surge otro problema que directamente nos sitúa frente a lo que podríamos denominar como un signo de la debilidad de la democracia: los partidos políticos que son los directos responsables de la baja calidad de la representación parlamentaria.
El Partido Cruzada Nacional, la gran sorpresa en las elecciones del 30 de abril, aportó cinco senadores y cuatro diputados. Hasta ahí llegó la sorpresa, pues varios de esos senadores fueron protagonistas de sendos escándalos que sin dudas dañan la confianza en el Legislativo. Una de sus senadoras fue cuestionada por la utilización de filtros en las redes sociales, lo cual fue usado en su foto de la papeleta electoral; otra le dio su voto al cartista Silvio Ovelar como presidente del Congreso Nacional y, al ser cuestionada insultó, literalmente, al pueblo paraguayo. Uno de los senadores electos, Rafael Esquivel, alias Mbururu, está en prisión y otro, Javier Vera, alias Chaqueñito, demanda que le sea tomado a él el juramento.
Mientras el PLRA aportó cinco votos desde su carpa para dar la presidencia del Congreso a un senador cartista; el senado eligió a un cuestionado parlamentario, Hernán David Rivas, como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del cual ahora es presidente, nada menos. A Rivas lo acusaron de usar en su campaña electoral la avioneta de Erico Galeano, también usada por el narcotraficante Sebastián Marset y Tío Rico, del clan Insfrán. Como si todo eso no fuera suficiente, tras su elección como presidente del JEM Rivas proclamó su lealtad a Horacio Cartes: “Ustedes saben que yo le adoro a don Horacio Cartes…”.
Se puede afirmar que hemos visto formarse una suerte de tormenta perfecta. El equilibrio de poderes está desbalanceado con la mayoría colorada; y los partidos políticos son los principales responsables de la baja calidad de la representación en el Congreso Nacional, una representación que, además, no representa a la ciudadanía. Aceptar un cargo para el cual una persona no está preparada es un acto de deshonestidad.
En este lamentable proceso que devela las debilidades de nuestra democracia, el pueblo, precisamente ese que es nombrado en la primera frase del preámbulo de la Constitución Nacional: “El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes…”, será nuevamente postergado y sus legítimos reclamos de mejor calidad de vida ignorados por quienes se llaman sus representantes.