Hossein Amir Abdollahian, canciller iraní, expresó al representante diplomático argentino “la profunda preocupación del Gobierno iraní y de las familias de la tripulación iraní por la retención de sus documentos de viaje y la restricción de abandonar el país, lo que constituye una violación de los derechos humanos”, afirmó en un comunicado.
“Irán pide al Gobierno de Argentina que cumpla con sus deberes y responsabilidades poniendo fin a las restricciones y facilitando la salida inmediata de los cinco miembros de la tripulación iraní”, explica el texto.
El avión en cuestión, un Boeing 747 Dreamliner, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y el 8 de junio despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
A la vuelta de Uruguay y tras recibir una alerta de diversas agencias internacionales, las autoridades argentinas inmovilizaron la aeronave y se ordenó la retención de los pasaportes de los cinco iraníes.
La Justicia argentina lleva adelante una investigación para dilucidar los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional.
En ese marco, el juez federal Federico Villena retiró los pasaportes a toda la tripulación –cinco iraníes y catorce venezolanos– e incautó el avión, en tanto, un dictamen de la fiscala Cecilia Incardona señaló la necesidad de proseguir la investigación respecto del piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga.
La fiscala observó que el FBI informó de que el piloto del avión es director ejecutivo y miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air, empresa que proporciona asistencia a la fuerza Quds –una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán– y a Mahan Air, las cuales han sido calificadas como “entidades terroristas”. El Ministerio de Exteriores iraní resaltó que las acusaciones son infundadas, y calificó de inaceptable la prolongación del proceso de investigación del juez argentino para estudiar el estado del avión y los ciudadanos iraníes.