Una supuesto complot interno dentro de las Fuerzas Armadas causó revuelo ayer. Las sospechas de conspiración contra el titular del Poder Ejecutivo derivó en cambios y en la intervención de la Corte Suprema de Justicia Militar.
El hecho se registró en la Escuela de Inteligencia Militar del Ejército. De acuerdo a las informaciones que se filtraron, un grupo de militares, disconformes con la nómina de los ascensos, empezaron a recabar todo tipo de información sobre aquellos efectivos cuyos nombres se encuentran en este momento en estudio a instancias de la Cámara de Senadores.
La información manejada por el comandante en jefe, Mario Abdo Benítez, y las demás autoridades militares era que la intención de este grupo apuntaba a difundir información y una guerra sucia dentro del estamento castrense en torno a los ascensos.
La situación derivó en una fuerte movida dentro de las filas militares. El comandante de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército (CIMEE), general Óscar Javier Gómez, ordenó el relevo de la Comandancia de la Escuela de Inteligencia Militar del coronel Roberto Carlos Meza y la apertura de un sumario a fin de conocer exactamente la situación.
El presidente de la República, mediante la Orden General Nº 29, designó al teniente coronel Marcelino Arguello como titular de la Escuela de Inteligencia. Esto mientras dure el sumario interno para averiguar sobre los supuesto hechos de abuso de autoridad y faltas contra la disciplina militar.
DENUNCIA. Por su parte, la Justicia Militar tomó intervención e inició investigación.
El propio coronel destituido Roberto Carlos Meza presentó una denuncia –a través de su abogado– contra el juez de instrucción militar de Tercer Turno, teniente coronel Víctor Quintana; la secretaria teniente Cristiane Toebe y la agente fiscal militar Marithé Caballero Prieto por “actuaciones irregulares realizadas el pasado 18 de octubre en la Escuela de Inteligencia Militar”.
Relató que una comitiva judicial-militar llegó ese día hasta la unidad bajo el mando del teniente coronel Víctor Quintana, quien informó que tenía una orden de intervención. “Pregunté cuál es el motivo de la intervención y si poseía una orden escrita de allanamiento a lo que me contestó que no tenía autorización para darme esa información (...) sin autorización mía irrumpieron e ingresaron a la institución”, señala en el escrito presentado ante la Justicia Militar.
Señaló que fue amenazado con ser llevado a la prisión militar de Viñas Cué si no colaborada. Fueron incautadas todas las computadoras de la oficina, así como algunas computadoras portátiles del sargento Nelson Velázquez. La situación generó un gran revuelo interno dentro de la cúpula militar.
