La decisión fue tomada por el magistrado Cristiano Zanin, a petición de la campaña del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, que pidió una extensión de dos horas ante los “incidentes” registrados en el transporte de electores en diversas ciudades del país.
Cerca de 160 millones de brasileños estaban este domingo llamados a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado, entre Lula y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.
Zanin dijo en su decisión que “considerando la gravedad de los hechos expuestos” ordenó “prorrogar por dos horas, hasta las 19:00 hora local (22.00 GMT), “el plazo para la recepción de los votos en todas las mesas electorales de todo Brasil, correspondiendo al Tribunal Superior Electoral (TSE) dar cumplimiento a esta decisión”.
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El magistrado aclaró que la denuncia de Lula llegó a su conocimiento una media hora antes de que se acabara el horario oficial de votación, que era a las 17.00 hora local (20.00 GMT).
El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) envió un recurso a la Corte Suprema y otro al Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los comicios en el país, ante “las incidencias” registradas “en el transporte de votantes” en diversos estados del país.
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El PT ha denunciado este domingo que algunos alcaldes opositores a Lula no han cumplido con la orden de la Justicia Electoral que obliga a los gestores municipales a disponer de un servicio de transporte municipal a pleno rendimiento, como si fuera un día laboral, y gratuito.
“La medida de alcance nacional también atiende al principio de igualdad entre los electores. El elector de Salvador, Teresina o São Paulo que esperó en vano el autobús sufrió el mismo obstáculo que el de cualquier otra ciudad en la que se redujo la flota, por lo que a todos debe corresponderles la misma solución”, dijo el PT en el recurso.
En el caso de la ciudad de Salvador, la quinta más poblada del país, la Justicia Electoral ordenó la captura del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, por sospechas de haber retenido autobuses durante la segunda vuelta presidencial para perjudicar a Lula.
