Durante la sexta sesión dedicada al tema, que se debate desde fines del año pasado, dos de los once magistrados del Supremo se sumaron a los cuatro que ya se habían pronunciado a favor de equiparar los delitos de carácter sexual al racismo, que el Código Penal castiga con rigor.
No obstante, a pesar de que seis magistrados ya se pronunciaron en ese sentido, la mayoría alcanzada aún podría ser alterada, pues por las normas del tribunal cualquiera de sus once miembros puede alterar su voto antes de la proclamación del resultado.
Tras cuatro horas de audiencia, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli, decidió convocar una nueva sesión para el 5 de junio próximo, cuando deberán pronunciarse los cinco jueces que aún no lo han hecho, que en su mayoría parecieron inclinados a seguir la tendencia que ya se impone.
El juicio responde a una acción presentada por el Partido Popular Socialista (PPS), que ha denunciado una “omisión del Parlamento” en un asunto que vinculó a la defensa de los derechos humanos que está consagrada en la Constitución nacional.
Aunque una comisión del Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que también equipara la homofobia al racismo, el tribunal decidió seguir adelante con el proceso, ya que, según el decano de la corte, Celso de Mello, “nada garantiza que eso será aprobado” por el pleno de las cámaras.
Según el magistrado, “la mera existencia de un trámite no puede impedir que se lleve a cabo el juicio”, sobre todo cuando las cámaras legislativas han debatido sobre el asunto “durante los últimos 30 años sin llegar a nada”, apuntó.
El decano de la corte, uno de los cinco que aún no han presentado su voto, sostuvo que “es necesario superar esa inercia y ese cuadro de permanente indefinición” para llegar al fin de “un largo y penoso camino”, que “supera con excesos los plazos razonables”.
El magistrado Alexandre de Moraes, el último de los miembros de la corte en asumir su cargo, en 2017, coincidió con el decano e incidió en que el Parlamento “ha legislado sobre protección por raza, por género o para la infancia” y “solamente ha dejado sin protección a los colectivos homosexuales”.
Según el juez Luiz Fux, cuyo voto consolidó la mayoría de seis necesarios, argumentó que “cuando un miembro de la colectividad LGBT muere por causa de una bala perdida o en un asalto, estamos frente a una situación ya contemplada” por las leyes penales.
Sin embargo, apuntó que “si esa misma persona es agredida o hasta asesinada por su condición sexual, estamos frente a un delito de homofobia”.
Fux también declaró que el Parlamento, dominado hoy por fuerzas conservadoras, muchas de ellas alienadas con el Gobierno de Jair Bolsonaro, líder de una emergente ultraderecha, “podrá luego crear una legislación sobre la homofobia”, pero “no recrear” sobre lo que decida el Supremo “a la luz de las normas constitucionales”.
Varios magistrados se hicieron eco de estudios de organismos de derechos humanos, según los cuales Brasil es uno de los países en que más personas son asesinadas por su condición sexual.
Uno de esos informes, elaborado por el Grupo Gay de Bahía, una activa organización de la sociedad civil, fue divulgado la semana pasada y sostiene, apoyado en datos oficiales, que una persona es asesinada cada día en Brasil, víctima de la intolerancia contra los colectivos homosexuales.
