EFE
El magistrado Luis Roberto Barroso, instructor del caso en el Supremo, autorizó que la declaración sea realizada por escrito, con preguntas previamente enviadas al presidente, tal como ha ocurrido en otros procesos que han salpicado al jefe de Estado.
El asunto por el que la fiscal interrogará a Temer se refiere a sospechas de que un decreto sancionado en mayo pasado y que alteró la ley de puertos fue una suerte de “favor político” a la empresa Rodrimar, a cambio de sobornos pagados al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el mandatario.
Las investigaciones fueron iniciadas por el exfiscal general Rodrigo Janot tras una autorización del Supremo, y ahora están en manos de Raquel Dodge, quien asumió el cargo el pasado 18 de septiembre.
Temer se ha visto salpicado por otros casos y afronta una denuncia por obstrucción a la justicia y asociación ilícita, la cual está en trámite en la Cámara de los Diputados.
Según la constitución, la Cámara baja debe dar el aval para que la acusación contra un presidente sea analizada por la máxima corte del país y pueda iniciarse así un juicio penal.
Esa acusación se basa en las confesiones realizadas por ejecutivos del grupo JBS, quienes alegaron que Temer recibió sobornos desde el 2010 y durante el ejercicio de su mandato como presidente, que inició el año pasado tras la destitución de Dilma Rousseff.
Con base en esas declaraciones, el exfiscal Janot presentó el pasado junio una denuncia por corrupción pasiva, pero esta fue rechazada por la Cámara baja, donde Temer mantiene un importante apoyo, a pesar de su impopularidad.
Según una encuesta publicada recientemente, Michel Temer cuenta con la aprobación de apenas el 3 % de los ciudadanos y la reprobación del 77 % de los brasileños.
