Esta vez, las acciones son de las municipalidades de Yaguarón, Valenzuela e Itacurubí de la Cordillera, presentadas por el abogado Javier Pirovano, que además solicita la suspensión de los efectos de la ley 7447/2025, que modifica el artículo 22 de la ley 620/76.
“Sostenemos que es contraria a la Constitución Nacional en tres aspectos: Primero, el tema de que el artículo 181 de la Constitución dice que el tributo tiene que tener en cuenta la capacidad contributiva del ciudadano”, asegura.
“Y esta ley establece que el cuantum del tributo iguala de acuerdo al año de fabricación del vehículo. Entonces, así para ejemplificar, una moto Harley Davidson o una Kenton cobrador pagan exactamente lo mismo. Solo por ser la moto del año. Eso es contrario al postulado constitucional de la capacidad contributiva”.
Añadió que también atenta contra la igualdad, porque antes de esta ley habían dos normativas tributarias en los municipios: La Ley 620/76 que regía a todos los municipios del interior, y la Ley 881/81 que rige para Asunción, pero que tiene la particularidad de que tienen idéntico texto, refirió Pirovano.
“Ahora, el contribuyente que tiene el mismo auto, pero que vive en Asunción, va a pagar o más o menos que el que vive en el interior”, acota el profesional.
“Tercero, le otorga a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la potestad de controlar las cuentas del municipio”. Añade que eso es contrario a la Constitución, porque solo la Contraloría General de la República es el organismo de control estatal, a más de la Junta Municipal y el Poder Ejecutivo.
Dicen que la ley ya se aplica, pero piden suspender los efectos de la ley hasta tanto se dicte sentencia. Remarcó también que la ley que fue socializada con los municipios no es la que finalmente se sancionó. “Esa no pasó ni por comisión”, explicó.
