Sebastián Marset declara ante un juez de Virginia y algunos paraguayos experimentan un escalofrío que les recorre la columna. Temen el potencial sísmico de una “delación premiada”. Lo curioso es que esta figura, muy propia del Brasil, no existe en los Estados Unidos, aunque su sistema judicial se sostiene sobre la base de la negociación. De hecho, más del 90% de los casos federales no llegan a juicio porque se resuelven con un acuerdo.
El acusado se enfrenta a un sistema más interesado en recibir información que en su redención. Puede que no se llame delación, pero existen dos herramientas que suenan a música para los oídos de cualquier procesado que quiera ver la luz del sol antes de los 80 años. El principal camino a una pena menor es la Cláusula 5K1.1, en función de la cual el detenido puede convencer a los fiscales que lo que tiene para decir vale más que dejarlo pudrirse en la cárcel. Claro que no basta con confesar el propio crimen, hay que proporcionar información que ayude a procesar a otros delincuentes; desarticular organizaciones criminales o localizar activos para su confiscación. Si el fiscal considera que el acusado prestó “asistencia sustancial” (substantial assistance) podrá presentar una Moción 5K1.1, para que el juez evalúe si amerita salirse de los rangos de castigo establecidos por la ley y recortar años a la pena.
Hay una segunda vía, la llamada Regla 35b, que se aplica para los que “cantan” después de haber sido sentenciados. Si los nuevos datos entregados ayudan a capturar a otros criminales, el juez puede reducir los años de reclusión “a posteriori”. Como en la opción anterior, no será un perdón, será un intercambio de “asistencia sustancial”.
En los Estados Unidos la Justicia es fríamente pragmática. No le interesa Marset por “malo”, sino como una fuente de datos. No buscarán simplemente castigarlo, sino usarlo para “limpiar” la ruta y desmantelar la red entera. El sistema americano no busca que Marset se arrepienta, busca que sea útil. Y en ese pragmatismo descarnado, la utilidad del procesado se mide en la relevancia de las cabezas que está dispuesto a entregar para evitar condenas interminables.
Eso lo deja sin opciones, si quiere ver a su familia de nuevo. Hay una diferencia técnica sutil con nuestro sistema: Aquí esperamos pruebas; allá esperan que el acusado las entregue todas, a cambio de no morir en una celda.
El dilema de Marset es que, antes que él, su socio Federico Santoro, extraditado a los Estados Unidos, se declaró culpable y fue condenado en 2025 a solo 15 años de prisión. Marset lo trató públicamente de “sapo” (delator), pero ahora se enfrenta a la realidad de que la vara quedó más alta. El concepto de “asistencia sustancial” exige que Marset ofrezca información más importante que la ya aportada por Santoro. Si él ya abrió la boca, Marset tiene que “cantar más fuerte” para que su oferta sea atractiva.
Por eso hay nerviosismo en Asunción. El mapa del calor se vuelve incandescente en los círculos del lavado, en empresas de fachada, en funcionarios de puertos y aeropuertos, en policías y agentes antidrogas, en políticos del Congreso y ministerios, en los mandantes del asesinato de Pecci. Si saltan esos nombres, el impacto será devastador.
La historia de la Justicia Federal americana está escrita con la tinta de los delatores. Desde Carlos Lehder, fundador del Cártel de Medellín, entregando al general Manuel Noriega, para librarse de la cadena perpetua hasta el narco colombiano Chupeta Ramírez, hundiendo al Chapo Guzmán, a cambio de una sustancial reducción de pena, la lección es igual. En los tribunales del Norte, la lealtad tiene un precio de remate cuando se mide frente a un futuro en celdas deprimentes.
Los nombres que hoy se susurran con pánico en Asunción son la única moneda de cambio que le quedan a Marset. Al final, no hay “pez gordo” que no pueda ser usado como carnada para uno más grande. El drama paraguayo es que los secretos que aquí se guardan con complicidad, allá se venden por un puñado de años menos de condena.
