La denuncia se presenta con respecto al “uso abusivo del derecho” en el marco de la querella presentada por el comunicador Elías Cabral Estigarribia contra el político colorado Julio Colmán.
“Al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación respecto a (sic) la actuación de la Corte y sus jueces ante el abierto tráfico de influencias y la manipulación de la justicia a través del dinero que supuestamente quedó comprobado en un audio”, expresa el documento.
En el enunciado, el Sindicato de Periodistas señala que “no solo la alevosía discursiva, sino la ejecución directa de una práctica ‘chicanera’, parece marcar el ritmo y la realidad de la justicia en este caso, por lo que exigimos ante esta instancia que se custodie el uso y comedido (sic) del derecho, la práctica de la justicia imparcial, todo por fuera de los intereses políticos y económicos en juego”.
Esto se debería a que supuestamente Colmán habría logrado suspender dos veces el juicio oral y público, primeramente por medio de una recusación presentada en contra del juez de la causa, Benito Ramón González.
Como la recusación no prosperó, Julio Colmán denunció por segunda vez a González ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, buscando apartarlo del caso, chicana con la que logró nuevamente el retraso del juicio.
En el audio presentado por el SPP, Colmán señala: “A platazo limpio jaháta chupe”, con respecto a la disputa judicial con Cabral.
El gremio de periodistas argumenta que Colmán es aliado del oficialismo, poniendo a disposición su radio y su programa Contactos, de manera a obtener respaldo de la diputada Cristina Villalba y del gobernador Alfonso Noria Duarte, quienes también utilizan el espacio radial para sus propósitos electorales.
“Tal circunstancia sería aprovechada por Colman (sic) para realizar constantes llamadas telefónicas al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher (ANR), con el objetivo de ejercer en el devenir de la querella en su contra”, refiere otra parte del escrito.
Antecedentes. El periodista Elías Cabral, que se desempeña como corresponsal del diario Última Hora en el Departamento de Canindeyú, publicó en la fecha 11 de febrero del año 2014 un artículo firmado referente a una acusación hecha por los concejales municipales de Curuguaty de ese entonces, Mirna Clara Benítez (ANR) y Eliodoro Ruiz (PLRA), contra el también concejal Julio Colmán (ANR) por ser este último el supuesto cómplice del desvío de los recursos que percibe la Comuna en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y que administraba la ex intendenta Wilma Ramona Meza (PLRA), razón por el cual varias obras quedaron paralizadas en distintos puntos del distrito de Curuguaty.
Desde ese momento, según denuncia Cabral, se inició una persecución contra su persona por parte de Julio Colmán en su programa radial, a lo cual se debe de sumar una amenaza que llevó finalmente al periodista a promover una querella contra el ex concejal.
Finalmente, los periodistas denuncian la persecución hacia la libertad de prensa a través de la coacción, la amenaza y hasta el asesinato siguen siendo materia pendiente en la democracia paraguaya, sumando que el sistema de justicia se vuelve corresponsable cuando la impunidad deriva en la repetición y similitud de casos denunciados; por todo ello, el gremio exige la custodia del derecho a la libertad de comunicar que tienen los periodistas.
