En el informe se refieren a la prisión preventiva, a la intervención médica en caso de riesgo de muerte o por pérdida de conciencia y sobre el lugar donde se encuentran internados los huelguistas del caso Curuguaty.
“Sobre la declaración de huelga de hambre, en el informe del MNP se expresan argumentos legales y éticos, a partir de la revisión de jurisprudencia atinente, y centra en la situación concreta, y en las razones que llevan a personas procesadas, a tomar este tipo de determinación. Al respecto, es parecer del MNP que no se debe perder de perspectiva que el problema de fondo en el caso es el uso abusivo de la prisión preventiva” indica el documento.
También se refieren al Hospital Militar indicando que no corresponde que personas civiles que se encuentran bajo tutela del Estado, sean atendidas en un hospital que no sea dependiente del Ministerio de Salud.
Resaltaron que en el caso de cuatro acusados, la prisión preventiva se prolongó por 21 meses. Respecto de otro acusado, la prisión preventiva supera los 18 meses.
Sobre la intervención médica, el MNP considera que la decisión de adoptar medidas médicas que salven la vida del paciente debe realizarse cuando la persona pierda el conocimiento o por lo menos ya no pueda decidir conscientemente.
En este caso deben intervenir los médicos con un monitoreo permanente para recomendar el momento oportuno de intervención que evite poner en riesgo la vida del paciente y determinar el mejor procedimiento para restablecer la salud del afectado por la huelga.
De esa manera, indica el documento, queda a salvo el principio de libertad del detenido y el de su dignidad, pues finalmente logró su objetivo de expresarse y demostrar su convicción al punto de “morir por sus ideas”, situación no lograda sólo por la intervención del Estado.
Finalmente el documento hace nuevamente hincapié en que el problema de fondo del caso es el uso abusivo de la prisión preventiva.
