Un informe brindado por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) y el grupo de la sociedad civil nucleado en Somos Anticorrupción Py (SAPy) denota que de los casi 80 expedientes sobre corrupción pública, entre ellos varios casos sonados, y que causaron un enorme perjuicio a las arcas del Estado, solo un pequeño porcentaje logró pasar el enorme filtro de la burocracia judicial y lograr una condena ejemplar.
De acuerdo con datos proporcionados por el propio Ministerio Público a organizaciones civiles y publicados en el portal de monitoreo ciudadano anticorrupción de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), los casos más sonados de corrupción pública entre los que figuran ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios han dejado un desfalco de más de USD 1.200 millones.
Muchos de los casos monitoreados constantemente por estos grupos aún no cuentan con una sentencia definitiva, y algunos hasta podrían prescribir por la lentitud de la Justicia y las innumerables chicanas impuestas por los acusados.
Sin embargo, con la condena impuesta al ex diputado Miguel Cuevas el pasado viernes, quien fue sentenciado a cinco años de prisión, más la inhabilitación de ejercer la función pública por cinco años y el comiso de cuatro fincas, suman 16 los casos que terminaron en condena.
Entre los casos más llamativos, se encuentran el del ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas, condenado a 8 años de cárcel.
Cárdenas fue encontrado culpable de causar un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos transferidos a la Municipalidad, de royalties provenientes de la Itaipú Binacional, en el 2016.
Otro caso es el del ex contralor general de la República Óscar Velázquez, quien fue condenado a 4 años de prisión por el caso conocido como secretaria vip.
En marzo del 2021, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal confirmaron las condenas de cuatro años de cárcel para Rubén Velázquez y dos años de prisión para la ex subcontralora Nancy Torreblanca.
Asimismo, Liz Paola Duarte, quien fue conocida como la secretaria vip, por ganar incluso más que el contralor con sus horas extras, fue condenada a 23 meses de cárcel por el cobro indebido de honorarios.
El esquema corrupto data del año 2015 y se hizo conocido gracias a las investigaciones de Última Hora. Para la Fiscalía, que pedía 6 años para Velázquez y Torreblanca, el daño patrimonial fue de G. 1.121.319.953.
Otro caso tiene que ver con el ex ministro de Agricultura Enzo Cardozo. El ex senador liberal se entregó en el Departamento Judicial de la Policía Nacional en marzo de este año, tras la orden de captura emitida en su contra. Cardozo enfrenta una condena firme de 10 años de cárcel por el desvío de más de G. 68.265.418.419 de un programa frutihortícola.
Rody Godoy es el otro ex titular del MAG que contaba con una orden de detención y una condena de 7 años de cárcel por hechos de corrupción.
En noviembre del 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó las aclaratorias planteadas en el caso de Rubén Darío Quesnel, ex titular del Indi, con lo que finalmente quedó firme la condena de 10 años de cárcel por lesión de confianza.
Quesnel fue condenado a 10 años de cárcel por el desvío de G. 3.127 millones que debían ser destinados a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa del Chaco.
En setiembre del año pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación planteado por la defensa de Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo. Con esto, confirmó la condena a 15 y 5 años de cárcel, respectivamente, por los delitos de usura, lavado de dinero y denuncia falsa.
El ex senador Víctor Bogado fue condenado a pagar G. 480 millones, en 24 cuotas de G. 20 millones a hogares de beneficencia.
