El abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Juan Rivarola, quien representó a las cuatro mujeres campesinas, procesadas por supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno, informó que todas fueron sobreseídas definitivamente de la causa.
Se trata de un inmueble incluido dentro de la lista de tierras malhabidas de la dictadura stronista que confeccionó la Comisión de Verdad y Justicia.
Las sobreseídas son Angélica Silva, Ana María Santander, Rosana Bareiro y Jorgelina Coronel. La Fiscalía las acusó de integrar una comisión vecinal en el asentamiento ubicado en la Finca 6603, del distrito de Ybyrarobaná, en el Departamento de Canindeyú.
“Estas son las tierras que están a nombre de una empresa propiedad de la familia Bendlin. Estas tierras están tipificadas como tierras malhabidas”, señaló el defensor.
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Aseguró que durante todo el proceso la Fiscalía cuestionó que ellas conformaran una comisión vecinal para reclamar esas tierras, acto que es absolutamente legítimo, destacó el abogado.
“La invasión de inmuebles, de acuerdo con la denuncia, empezó en el año 2012 y la conformación de la comisión, en el 2014; entonces nosotros desde el inicio le dijimos eso al tribunal. Presentamos incidentes al respecto porque la causa está prescripta”, apuntó.
Sin embargo, el tribunal de Sentencia decidió desarrollar el juicio y definir lo referente a la prescripción en la sentencia, al final del juicio.
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“Realmente el Ministerio Público, representado por el fiscal Jalil Rachid, no demostró absolutamente nada, las declaraciones y documentaciones no las involucran en nada, demostrando que es un acto de criminalización a la gente que se organiza por reclamar un derecho justo, el derecho de acceder a la tierra”, alegó.
“Este lunes, luego de terminar el alegato, con voto dividido, el tribunal de Sentencia de Salto del Guairá resolvió a favor de la prescripción de la causa, en atención a que desde los hechos —que según la Fiscalía empiezan cuando ellas forman parte de la comisión—, desde esta fecha, transcurrieron más de seis años, lo que es más del doble del tiempo de la prescripción”, explicó Rivarola.
Permuta irregular
Sobre la situación del asentamiento 1° de Marzo, señaló que más de 430 familias se encuentran asentadas desde hace nueve años en la zona y que el Estado debería tratar de solucionar este tipo de conflictos, sobre todo teniendo en cuenta que se presume que la tierra fue adquirida irregularmente, con una avioneta permutada a cambio de esa tierra.
“Algunos parlamentarios y el propio abogado de la familia afectada argumentaron que en aquella época la permuta estaba permitida, pero para que una permuta tenga valor se deben permutar bienes de valores similares, en este caso estamos hablando de una avioneta que se remató en la década de los 90 por G. 2 millones, frente a 5.000 hectáreas de tierra en una de las zonas de mayor valor de este país”, dijo.
Afirmó que este es uno de los casos más escandalosos de adquisición irregular en la época del dictador Alfredo Stroessner, y que por lo tanto los campesinos tienen toda la legitimidad de reclamar esas tierras para que sean sujetas de la reforma agraria.
En noviembre pasado, la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que pretendía la expropiación de 4.499 hectáreas de tierras en Ybyrarobaná, distrito de Canindeyú, a favor de 430 familias de la comunidad 1° de Marzo que ocupan el inmueble desde hace casi 10 años.
