Tras el rechazo del proyecto de ley de expropiación de tierras señaladas como malhabidas, ocupadas por 430 familias campesinas, varias organizaciones acusaron a senadores de proteger las tierras obtenidas de manera ilícita durante la dictadura stronista y de promover el desalojo de miles de pequeños productores del campo.
“Con esta decisión, la mayoría de los senadores apunta a dejar impune la entrega irregular de las tierras públicas a empresarios en época de la dictadura, y abren las puertas a un desalojo que podría afectar a más de dos mil personas... La bancada del agronegocio, encabezada por Fidel Zavala, Georgia Arrúa (PPQ), Enrique Riera (ANR) y Fernando Silva Facceti (PLRA) alegó que la expropiación no correspondía y defendió la entrega de 4.500 hectárea de tierras que realizó el régimen Stronista a la empresa Perfecta SA a cambio de una avioneta, transacción no prevista en el Estatuto Agrario de la época”, señaló la organización Base IS.
La Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) también se manifestó a favor de la regularización de tierras en favor de la comunidad Primero de Marzo - Asociación de Productores Joaju, quienes ocupan hace casi 10 años las tierras reclamándolas como robadas a la Reforma Agraria.
El Senado rechazó, este jueves, con 22 votos en contra, 11 a favor y 12 ausentes, las tierras cedidas a Perfecta SA por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) durante la dictadura stronista, a cambio de una avioneta, la cual fue subastada en 1993.
Desalojos. La Codehupy alertó sobre la ola de desalojos que se viene registrando desde la aprobación de la Ley Zavala-Riera, que aumentó las penas de cárcel a las invasiones de propiedad privada, abogando por una salida pacífica en el caso de la comunidad Primero de Marzo.
La Federación Nacional Campesina (FNC), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) también emitieron posturas en contra de los senadores que tildaron de criminales a los campesinos, y que protegen las tierras malhabidas.
El mismo día que la Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley de expropiación de las tierras, la fiscala Sandra Ledesma llevó adelante un operativo de desalojo a 10 familias del Asentamiento María de la Esperanza, ubicado en el distrito de Tavaí, Departamento de Caazapá.
El pasado 2 de noviembre, se llevó adelante un desalojo contra la comunidad Edilson Mercado, de Jasy Kañy, Departamento de Canindeyú, donde habitaban más de 250 familias campesinas.
El 4 de noviembre, la comunidad indígena Ka’a Poty sufrió su segundo desalojo, pese a contar una medida cautelar de la jueza Alejandra Magalí Zavala.
El 28 de octubre fue desalojada la comunidad campesina Cristo Rey, integrada por unas 40 familias campesinas de la zona de Guayaibí, Departamento de San Pedro. El asentamiento contaba con más de 12 años de existencia.
La Ley Zavala-Riera fue aprobada en una semana, la última del mes de setiembre.
4.499 hectáreas en Ybyrarobaná, Canindeyú, son las ocupadas por 430 familias, y son señaladas como malhabidas.
