La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) desarrolló este lunes un paro de 24 horas en el sector docente, por mejoras salariales, lo que hizo peligrar el inicio del curso escolar en varias provincias del país.
CTERA resolvió hacer una huelga el primer día de clases, con movilizaciones en todo el país y una concentración frente al Ministerio de Educación en la capital del país, un día antes de reunirse con las autoridades nacionales para “exigir” la transferencia de los fondos con fines educativos a todas las provincias y que se abra una mesa de negociación salarial a nivel nacional.
Se trata de uno de los tantos sindicatos docentes, pero uno de los más combativos, que entorpece el inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Corrientes, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Formosa y Mendoza.
El paro de CTERA y sus sindicatos adheridos tiene lugar un día antes de reunirse con las autoridades nacionales para exigir la transferencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la conformación de una mesa paritaria nacional.
La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, anticipó este lunes que si en la reunión de hoy, no encuentran “resultados”, continuarán el martes con el “plan de lucha”, según dijo a la Radio 10.
El Ejecutivo de Milei recortó el Fonid –una masa de recursos que la nación transfiere a las provincias para mejorar los salarios de los docentes–, que no está dispuesto a prorrogar tras caducar en enero de 2024, porque la responsabilidad del servicio de educación es de las provincias.
Se calcula que cerca de un 15% de los salarios de maestros y profesores se pagaban con esos fondos.
Las provincias le demandan a la nación, incluso en la Justicia, que vuelva a transferir los fondos del Fonid.
OTROS RECORTES. El recorte de fondos del Ejecutivo nacional a las provincias incluye también los subsidios para el transporte público y en un 98% las transferencias discrecionales a las provincias, como parte de su objetivo de llegar este año al equilibrio fiscal.
Los gobernadores provinciales consideran que el Ejecutivo ha tomado “represalias” en respuesta al rechazo de varios diputados vinculados a los gobernadores de la denominada ley ómnibus, el proyecto estrella del gobierno de Milei, que incluía desregulaciones en varios sectores.
En tanto, los paros y movilizaciones de distintos gremios y sectores han sido una constante desde que asumió Milei, el 10 de diciembre pasado.
La semana pasada paró el sector de Sanidad y el de los conductores de trenes, también en busca de mejoras salariales, después de que el 24 de enero pasado, la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país y que se define como peronista, convocó a un paro general.
El gobierno de Milei anunció la eliminación de un fondo fiscal que beneficiaba a la provincia de Buenos Aires a través de la quita de un porcentaje en la coparticipación federal correspondiente a la capital argentina.
“Se definió eliminar el Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires que la Administración anterior (del peronista Alberto Fernández) había otorgado arbitrariamente. Un fondo que todos los argentinos estaban pagando al gobierno de Axel Kicillof por 231.000 millones de pesos (unos 275.000 dólares)”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en rueda de prensa.
De acuerdo con el decreto publicado este lunes, la crisis en la que se ve sumido el país pondría en riesgo la subsistencia de la organización social, jurídica y política, por lo que sería necesario un ajuste fiscal de cinco puntos del producto interno bruto, así como “resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, responsables de los diez puntos de su déficit”.
El Ejecutivo de Javier Milei descartó que haya algún “problema de gobernabilidad” en Argentina que pueda derivar en un juicio político, pese al escaso respaldo parlamentario que tiene el partido libertario y al pulso con los gobernadores de las provincias por el ajuste fiscal. El portavoz, Manuel Adorni, afirmó en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada que “de ninguna manera hay problema de gobernabilidad” en Argentina, país que, en su opinión, “está en un proceso de más madurez que en otras épocas”.
