Como una reacción a la investigación publicada por Última Hora, la Oficina de Ética del Poder Judicial resolvió indagar caso por caso, y luego elevar los resultados al Tribunal de Ética, el cual a su vez decidirá si abre o no una investigación contra los jueces, quienes a su vez tendrán la posibilidad de defender sus posturas.
La publicación de este diario se realizó cruzando datos del padrón de la ANR, actualizado para las elecciones internas del 18 de diciembre, con la lista de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de abril de este año. De un total de 754 jueces, 326 están afiliados al Partido Colorado, y esto representa más del 43% de los magistrados. Con el cruzamiento de datos también se descubrió a 54 jueces con doble afiliación, vale decir, que están afiliados a otros partidos además de la ANR. El análisis no incluyó a jueces miembros de los tribunales.
Participar de elecciones internas de los partidos políticos es considerado una violación al artículo 10 incisos 2 y 3 del Código de Ética para Magistrados, así como el artículo 238 inciso 3 del Código de Organización Judicial.
El mencionado artículo 10 del Código de Ética Judicial dice claramente que “es deber de todos los jueces y juezas abstenerse de realizar cualquier actividad político-partidaria, como ocupar cargos en los partidos políticos, asistir a locales partidarios, participar en actos político-partidarios, públicos o privados, ni siquiera como espectadores, salvo que lo impusiere el ejercicio de su función jurisdiccional. No podrá votar ni participar de ninguna manera en elecciones partidarias y tampoco manifestar públicamente sus preferencias político-partidarias. En el supuesto de que el juez esté afiliado a un partido político, deberá pedir la suspensión de la afiliación mientras permanezca en el cargo judicial”. Las normas no se cumplen y las cifras demuestran que los jueces no las han cumplido no solamente por estar afiliados, sino porque continúan en el padrón partidario, cuando deberían haber pedido su desafiliación, según el citado artículo 10.
Esto es, que la acción quebranta la premisa de independencia que deben observar los magistrados, pues entonces qué garantiza que habrá imparcialidad en sus juicios.
De acuerdo con el procedimiento que corresponde que siga cada juez, cada magistrado debe hacer su pedido de suspensión temporal de afiliación política en un plazo de por lo menos 15 días después de jurar como juez, camarista o ministro de la Corte. Se informó que actualmente unos 500 jueces presentaron dichos pedidos.
Los hechos nos muestran a diario situaciones de mora judicial y chicanas que se aplican para dilatar juicios. La mayoría de estos juicios pertenecen por lo general a políticos y funcionarios públicos sospechados de actos de corrupción. Si no podemos tener plena confianza en nuestros jueces, si no podemos confiar en instituciones —como el Ministerio Público, debido a los vínculos partidarios— qué tipo de Justicia, qué reparación puede esperar el ciudadano y, sobre todo, cómo puede funcionar nuestro sistema democrático si uno de los poderes del Estado carece de imparcialidad.
Por otra parte, la Justicia no se ha puesto de pie cada vez que se agregan nombres a la lista que el Gobierno de los Estados Unidos tiene de las personas designadas como “significativamente corruptas”. Esa lista es la representación de que la Justicia paraguaya no hace su trabajo, y queda mal parada, debido a su propia ineficiencia.
Otro aspecto que debe ser analizado es el proceso de elección de miembros de la Corte y los magistrados, teñido por criterios político-partidarios; lo mismo que la selección de jueces por el Consejo de la Magistratura, órgano integrado por políticos.