Desde hace varias semanas, esta suerte de catálogo de agravios al pueblo paraguayo no deja de aumentar, con la aparición cada día de un nuevo caso de nepotismo o de tráfico de influencias en el Congreso Nacional.
Los medios de comunicación y las redes sociales están saturados de tanta información y denuncias.
Lo que se inició con la historia de Alejandro Ovelar, hijo del presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, quien al final renunció a su cargo administrativo en la Cámara de Diputados, tras el escándalo por su contratación y la posterior justificación de su padre, ha ido creciendo en proporciones catastróficas.
Es así que el país fue tomando conocimiento del festín que hacen con los recursos del Presupuesto General de la Nación, sostenido con los impuestos que paga la ciudadanía.
La escandalosa lista incluye a hijos, hijas, cuñados, hermanos y esposas de parlamentarios, y también autoridades del Poder Ejecutivo, como el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, cuya hija Montserrat Alliana ocupa un cargo en el Congreso Nacional, donde percibe más de G. 18 millones.
Frente a esta situación y quizá como respuesta a la creciente indignación ciudadana, están comenzando a formular proyectos que, presuntamente, intentan enmendar algunas lagunas que presenta la actual ley contra el nepotismo. El senador cartista Basilio Bachi Núñez fue el primero en plantear algunos cambios; así también el diputado colorado por Cordillera, Hugo Meza, estaría trabajando con sus colegas Rubén Rubin y Mauricio Espínola en un proyecto de modificación de la Ley N° 5295, que prohíbe el nepotismo en la función pública. Además de ellos, se suma la ex candidata a vicepresidenta Soledad Núñez, quien presentó un proyecto al Tribunal Superior de Justicia Electoral, cumpliendo el primer paso para proponer una ley por medio del mecanismo de iniciativa popular.
La actual y vigente Ley 5295 define nepotismo en el artículo 1, cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública. Y, en su artículo 3: “El que realizare un nombramiento o una contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico”; los beneficiados con el nombramiento o contrato en contravención a lo dispuesto por la ley serán castigados con la misma pena prevista para el autor. Además, deberán devolver los salarios cobrados indebidamente.
No caben dudas de que toda normativa siempre podrá ser mejorada, de manera que no queden resquicios por donde se pueda seguir filtrando la parentela de nuestra clase política en las instituciones del Estado, accediendo a privilegios y salarios millonarios. Sin embargo, si nuestros funcionarios y nuestras autoridades fueran transparentes, íntegras, honestas y actuaran siempre con ética, no importarían las lagunas en una ley que prohíbe contratar a la hija del vicepresidente o al hijo de la diputada, pues su conciencia democrática no lo permitiría en primer término.
La realidad, lamentablemente, nos devuelve una imagen de un país donde resalta la degradación no solo de la clase política, sino del ejercicio de la actividad política. Como resultado, tenemos instituciones desbordadas de nepotismo, hijas, cuñados y esposas de políticos disfrutando de privilegios, mientras millones de jóvenes quedan sin oportunidades ni esperanza.