La grave crisis que en estos días vive Ecuador es una realidad que muy pronto puede vivir también nuestro país. Es inaceptable que nuestras autoridades no sean capaces de leer los datos que se han ido generando en los últimos años con relación al poder de los poderosos grupos de narcotráfico y del crimen organizado, que actualmente operan en nuestro territorio. Su irresponsabilidad, falta de patriotismo y de compromiso nos está acercando peligrosamente a convertirnos en un estado fallido, manejado por el crimen organizado.
Al leer los reportes respecto de la situación que se vive en Ecuador es razonable afirmar que se trata de la crónica de un conflicto que se puede repetir en nuestras calles y nuestras ciudades. Todos los elementos están presentes, y si las autoridades no toman medidas también no veremos sumidos en una espiral de violencia muy difícil de contener.
Los datos que acercan las agencias internacionales son estremecedores cuando los comparamos con nuestra realidad. Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, Ecuador estuvo durante años a salvo del narco, pero en los últimos tiempos se ha transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga con una veintena de bandas enfrentadas por el control del territorio, pero unidas en su guerra contra el Estado. El 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas.
Las cárceles –igual que en Paraguay– se han transformado en oficinas del crimen. De hecho que el terror se impuso tras la fuga de dos importantes jefes de bandas criminales. Después de estos hechos, los presos se amotinaron en distintas cárceles y retuvieron a guardias penitenciarios.
Cualquier parecido con nuestra realidad no es una coincidencia. Es oportuno por eso poner los datos en perspectiva.
Paraguay se convirtió en un hub internacional de distribución de la cocaína proveniente de Perú, Bolivia y Ecuador a través de un esquema que usa el río Paraguay y los puertos de Buenos Aires y Montevideo para enviar la droga hasta puertos europeos, África y Oriente próximo. Somos asimismo el segundo hogar de la más importante organización criminal del Brasil, el PCC, que llegó hace más de diez años y hoy tiene el control de varias cárceles del país, sin mencionar al Penal Nacional de Tacumbú, del cual habría sido erradicado el clan Rotela, que mantenía en su poder a todo el penal y que controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones. Recordemos el operativo A Ultranza PY que reveló el nivel de permeabilidad del narcotráfico en las esferas del Estado; el esquema que involucra a traficantes, lavadores de dinero con empresas de fachada y salpicaba a políticos, proveedores del Estado. Recordemos al senador colorado Erico Galeano, imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza PY y que goza de sus fueros parlamentarios y de libertad ambulatoria. Recordemos a la ex diputada colorada cartista que cumplió condena en los Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico; recordemos los narcoaudios en los que se develaba que un grupo de traficantes detenidos fue rápidamente liberado tras haber –supuestamente– pagado un millonario monto a policías o el caso de Kassem Mohamad Hijazi, quien pese a estar vinculado con el crimen organizado fue absuelto en 2008 por la justicia paraguaya y que luego de varias chicanas pudo ser extraditado a los Estados Unidos. Nuestras autoridades deben tomar decisiones, pues nos encontramos ante un grave peligro, puesto que ya no caben dudas de que el narco y el crimen organizado son una amenaza para la democracia y el Estado de derecho.
