Suman más de 600 las personas que solicitaron dar de baja su Registro Único del Contribuyente (RUC) tras la medida de expulsión adoptada por el Instituto de Previsión Social (IPS), que terminó afectando a unos 22.000 beneficiarios adjuntos.
El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué, dijo al programa La Lupa, que se emite por Telefuturo, que las salidas no representaron una pérdida significativa.
“Los que dejaron su RUC no tienen un nivel de declaración jurada muy alta o un pago de impuestos alto. No estamos hablando de un impacto económico y financiero directo”, señaló en un contacto telefónico.
Puede interesarte: Bloqueo de adjuntos en IPS: ¿Qué pasará con pacientes graves?
Al respecto, puntualizó que un gran porcentaje de las bajas solo eran utilizadas de forma esporádica, pero de igual forma, continuarán con las extensivas campañas de formalización.
Orué aseguró entender la situación y postura de la previsional, por lo que instó a la ciudadanía que cuenta con recursos financieros suficientes a asistir a los hospitales habilitados por el Ministerio de Salud para los no asegurados.
La medida se tomó en el marco del proceso de depuración iniciado en el 2012, para dar cumplimiento a la Ley 1860/50, que crea el IPS y que determina la condición de dependencia económica para acceder a los beneficios.
Lea más: IPS excluye a 22.000 beneficiarios adjuntos alegando que no son insolventes
Dicha norma establece que tienen derecho a los beneficios de cobertura médica los miembros del grupo familiar “que dependan económicamente” de un trabajador activo.
Como la medida suscitó polémica y confusión, a la vez, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pidió “flexibilidad” al presidente del IPS, Andrés Gubetich, sobre este tema; aunque también señaló que la ley se debe cumplir y respetar.
