“El objetivo es formular un marco legal que brinde seguridad jurídica tanto a los actuales funcionarios públicos como a los futuros. En ese sentido, se están considerando diversas modificaciones, y se recibirán hasta la próxima semana las propuestas de gremios, asociaciones, sindicatos, entidades públicas, senadores y diputados interesados en aportar al proyecto”, refirió el legislador.
Por su parte, Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas , señaló que el proyecto busca solucionar las dificultades enfrentadas con la implementación de la Ley 1626 de la función pública.
Aclaró que esta nueva normativa incluirá a todas las instituciones públicas y permitirá que los distintos poderes constitucionales elaboren sus propios reglamentos dentro de los criterios establecidos en la propuesta presentada al Congreso Nacional.
También subrayó que la ley normativa no afecta a carreras específicas como la militar, docente, enfermería, y otras definidas en la Constitución.
