Asimismo, hace hincapié en la estructura judicial anticorrupción insuficiente, con solo dos jueces y tribunales especializados en delitos económicos y anticorrupción, “lo que genera retrasos y contribuye a la impunidad”. La ausencia de sanciones a jueces que propician la prescripción de casos, pese a las reiteradas notas y urgimientos presentados por las organizaciones es otro de las debilidades.
El informe hace referencia a la carencia de herramientas tecnológicas, como cámaras para grabar juicios orales de casos de corrupción, para que la ciudadanía evalúe el desempeño de jueces y fiscales. También traen a colación la ausencia de protocolos específicos para casos de corrupción y la sobrecarga de trabajo de jueces y colaboradores también evidencian fallos estructurales que perpetúan la impunidad y la desconfianza en el sistema judicial.
“Particularmente preocupante es el papel de la Sala Constitucional, que, mediante acciones de inconstitucionalidad, ha paralizado procesos clave, retrasando la justicia y favoreciendo la impunidad por el transcurso del tiempo”, menciona el informe.
