Las organizaciones denunciaron que en marzo pasado técnicos del MDS visitaron los comedores de PYKUI y Patria Nueva, pero lo que parecía una alentadora verificación, resultó tener un “objetivo oculto”: Desarticular para debilitar PYKUI y Patria Nueva, según la dirigente María Denis, que esta frente a la institución donde también estaban congregados adultos mayores que exigen el pago de la pensión universal.
De acuerdo con la denuncia, las funcionarias planteaban a las responsables de comedores que se separen de la organización y se presenten de forma independiente con sus solicitudes de insumos a la institución.
De esta manera, los integrantes consideran se viola el derecho a la organización y la Ley 6945 de comedores y centros comunitarios, que garantizan que diversos tipos de organizaciones pueden solicitar insumos tras presentar sus documentaciones
“Claramente el objetivo oculto del MDS, es romper, eliminar las organizaciones que por 6 años vienen trabajando voluntariamente y con compromiso social y político, para contribuir a mejorar las condiciones de alimentación y de vida, de las familias trabajadoras”, dijo Denis, quien además es candidata a concejal en Asunción.
Otro cuestionamiento hacia la verificación es que la entrevista a encargadas incluía la pregunta de si los comedores también se extendían a niños que reciben alimentación escolar a través del programa Hambre Cero, en un intento de excluirlos. Esto también provocó el rechazo masivo debido a que la normativa contempla como beneficiarios a todos los sectores vulnerables.
“El chantaje, instalación de mentiras, el clientelismo partidario, constituyen prácticas rastreras para quebrar las organizaciones y para que la corrupción y el saqueo siga siendo la que impere”, expresó Denis.
Los 22 comedores pertenecientes a estas organizaciones reciben productos no perecederos para 1.000 personas, aunque en realidad benefician a 2.700, cubren los insumos faltantes con aportes solidarios, feria de ropas y otras actividades.
Las organizaciones exigen el respeto y cumplimiento de la Ley 6945, que la entrega de insumos se realice, según la cantidad de beneficiarios, que se entreguen carnes y verduras, no solo alimentos no perecederos. A raíz de esta situación, cada comedor debe gastar G. 200.000 en cada comida, haciendo inviable sus sostenibilidad.
Asimismo, se solidarizaron con los adultos mayores que se manifiestan frente al Ministerio de Desarrollo.
MDS argumenta que busca formalización
La viceministra de Protección Social del MDS, María Ester Jiménez, negó categóricamente las acusaciones y señaló que el trabajo realizado corresponde a controles y seguimientos establecidos por ley para garantizar el uso adecuado de recursos públicos.
Explicó que tras la pandemia, el apoyo a las ollas populares se canaliza a través del programa de comedores comunitarios, que exige a las organizaciones cumplir requisitos de formalización, documentación y condiciones mínimas para almacenar y preparar alimentos.
Según la institución, actualmente se asiste a 329 organizaciones a nivel nacional, de las cuales 149 son indígenas, con un presupuesto de más de G. 9.000 millones destinado a la compra de insumos no perecederos. Las organizaciones reciben tres entregas al año, mientras que el Ministerio realiza verificaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Jiménez aclaró que las organizaciones que operaban bajo la modalidad ollas populares durante la pandemia, continúan siendo asistidas de manera excepcional, ya que deben ajustarse gradualmente a los requisitos exigidos por el Programa de Comedores y Centros Comunitarios.
