Durante el estadio de peticiones y formulaciones, los senadores sentaron su postura sobre los últimos incidentes registrados en el país, tras la sanción del proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo y eleva las penas por invasiones de inmuebles, con hasta 10 años de prisión. El documento fue promulgado este jueves por el Poder Ejecutivo.
El senador del Frente Guasu Sixto Pereira lamentó que exista “una política excluyente y un Estado servil a un grupo económico”, que dijo estar de fondo al planteamiento de esta modificación.
Criticó que incluso no se haya escuchado a la Iglesia Católica, que solicitó una conversación entre todos los sectores afectados.
Por su parte, la senadora colorada Blanca Ovelar señaló que los disturbios ocurridos este miércoles en inmediaciones del Congreso Nacional delatan las dificultades del Gobierno en enfrentar la desigualdad social.
“Las enormes dificultades para enfrentar un país tremendamente desigual se perciben en este acto, donde por una parte existe un derecho a la propiedad privada y por otro a acceder a una parcela”, comentó.
“Demuestra el fracaso de administraciones, es insuficiente la capacidad del Estado para abordar este tema”, apuntó al tiempo de insistir que existe un problema gerencial institucional.
“Cada uno se corta solo, sin políticas de Estado que coordinen a las instituciones para solucionar la problemática”, explicó.
En el mismo sentir, la senadora Desirée Masi afirmó que la ley no es una solución a nada y trajo mucha más crispación al problema.
“No se puede seguir tratando de esconder bajo la alfombra la grave problemática de las tierras y diciendo que se trata de una cuestión ideológica, y sí, se trata de una cuestión ideológica de gente que cree que es normal la inmoral desigualad que se tiene en Paraguay. Sí creo que es una cuestión ideológica”, sostuvo.
Reprochó la violencia ejercida por parte del Gobierno y lamentó que con la misma celeridad no se pueda elevar penas por los crímenes de lavado de dinero, crimen organizado, uso de bienes públicos, asociación criminal, a los que consideró verdaderos flagelos de la sociedad.
Carlos Filizzola, del Frente Guasu, también mencionó que con la nueva ley solo se agudiza el problema. “Lo único que se pretende es meter a la cárcel y tenerlos por 10 años, y ahora se queja de que hay crispación. Nosotros lo advertimos, con eso no estamos a favor de la violencia, al contrario, dijimos que hay que ir al fondo del problema, no promulgando rápidamente como se hizo”, cuestionó.
Dijo que a su criterio, primeramente fue el Gobierno el que inició la violencia, “que no solo es física”, y urgió una real reforma agraria.
En el debate también participó el senador Enrique Bacchetta, quien afirmó que sus compañeros “están incitando a la violencia”. Además de querer “perjudicar a la producción”. “Hay un grupo, un sector dentro del senado que lo único que habla es ponerle trabas a la producción”, insistió.
Agregó que la justicia es una responsabilidad compartida entre poderes, y no es solo responsabilidad del Partido Colorado.
Bacchetta celebró que “gracias a Dios se firmó” la ley y que el presidente Mario Abdo Benítez no se haya dejado “someter al chantaje”.
