La Junta Municipal de Lambaré aprobó el pasado miércoles el pedido de intervención a la Comuna con los votos de cinco concejales colorados y un liberal por supuestas irregularidades en la administración.
Al existir un procedimiento de esta naturaleza, es el Ministerio del Interior el que debe analizar las causales y determinar si corresponde o no la medida solicitada, para posteriormente remitir los antecedentes con el dictamen respectivo a la Cámara de Diputados para su estudio.
Por esa razón, los senadores del PLRA enviaron una nota al secretario de Estado para solicitar el rechazo de la intervención a la Comuna porque califican de inconsistente e improcedente.
“La Ley Nº 317/94 que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/o municipales establece claramente que las intervenciones podrán realizarse en razón de grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de los bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República y por mal desempeño de sus funciones o graves indicios de delito en el ejercicio de sus cargos”, refiere el escrito.
Los legisladores liberales mencionan que no existe un dictamen del órgano contralor, como establece la normativa. Además, expresan que el intendente de Lambaré, Armando Gómez, presentó en tiempo y forma toda la documentación requerida por la Contraloría,
“Tampoco se conoce de la realización de alguna investigación fiscal sobre la gestión del intendente en la que se mencione la existencia de algún grave indicio de haber cometido hecho punible alguno como administrador de la Comuna lambareña”, agrega.
En otro de los argumentos por el cual los legisladores catalogan de inconsistente la intervención hace referencia a que se verificó en la página web de la Comuna que no se visualiza la pestaña del Fonacide, donde obligatoriamente deben difundirse las inversiones realizadas con dichos recursos.
“Nada más absurdo o ridículo, ya que los firmantes de la petición saben perfectamente que hasta la fecha la Municipalidad de Lambaré no recibió un solo guaraní en concepto de royalties ni de Fonacide”, señalan.
En ese sentido, recuerdan que la suspensión de la trasferencia de esos fondos por parte del Ministerio de Hacienda es a causa de una deuda de G. 25.000 millones que fue heredado de la administración municipal del anterior jefe comunal, el colorado Roberto Cárdenas.
Armando Gómez, intendente de Lambaré, aseguró este martes en conferencia de prensa que no tiene miedo de la intervención, pero que sí teme que esta práctica se vuelva costumbre para sacar de la intendencia a personas que no sean del mismo “signo” que el Gobierno.
