Los legisladores de la bancada democrática presentaron una denuncia penal por la compra de muebles de fabricación china realizada por la Itaipú Binacional, bajo la dirección del colorado Justo Zacarías Irún.
El senador Rafael Filizzola señaló hechos punibles como lesión de confianza, estafa, cohecho, soborno, asociación criminal, falsedad de documentos, lavado de dinero y la violación de principios de competitividad por parte de Itaipú.
Se trata de unos 330.000 juegos de mesas y sillas para ser distribuidos en 22 distritos priorizados.
“Tenemos constancia de que el Ministerio de Educación y Ciencias hace tiempo está comprando pupitres con ciertas características y calidad, y dejan fuera a la industria nacional”, manifestó Filizzola.
Igualmente, afirmó que todas las especificaciones van en contra de los delineamientos que establece la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Fue la empresa Kamamya SA la que importó los pupitres. El llamado tiene el código NE 1809-24.
El legislador siguió mencionando que existe una vinculación entre el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el dueño de la empresa beneficiada.
Denunciaron que el avión del dueño habría sido utilizado en época de campaña electoral. “Esto hace que el caso sea mucho más grave. Estamos hablando de mal uso de los recursos públicos”, aseveró.
A su turno, la senadora Celeste Amarilla lamentó que Itaipú caiga “al nivel de cualquier ente menor”.
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“Obviamente, este es el pago de los favores que ese ciudadano chino les hizo en campaña. Por pasearse en aviones, durante la campaña, ahora nosotros tenemos que pagar el precio de estos de estos pupitres”, acusó.
Igualmente, señaló que “todos saben el modus operandi de los Zacarías” y que Itaipú “hoy está en manos de un clan que podría llevar la turbina a su casa”.
“Siempre se usó como chiste, pero yo creo que en cualquier momento va a haber una turbina menos. Esto es escandaloso”, ironizó.
En esa misma línea, su colega Esperanza Martínez sostuvo que “quieren dar un mensaje político” a la Fiscalía y al fiscal general.
“La gente quiere que se haga justicia, queremos que se investigue, queremos que el Poder Judicial, que la Corte y el fiscal general sean patriotas y hagan lo que tienen que hacer por mandato constitucional”, sentenció.
