30 ene. 2026

Senadores buscan que invasiones se conviertan en crimen

Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 142 del Código Penal, con la intención de incrementar la pena, específicamente, para el hecho punible de la invasión de inmueble ajeno, cambiando la tipificación por crimen.

Zavala

El senador de Patria Querida Fidel Zavala manifestó que todas las personas que invadan deberían ser procesadas, no en el marco de un delito, sino de un crimen.

Foto: Archivo

El proyecto pretende elevar la condena privativa de libertad hasta seis años y en caso de que se produzca un daño patrimonial aumentar cuatro años más, es decir, elevarla a 10 años.

Entre los proyectistas se encuentran el ganadero Fidel Zavala, quien fue duramente criticado luego de un informe del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en el que se señala que 115 hectáreas del Parque Nacional Ybycuí, cuyas áreas deben estar protegidas, son ocupadas por 18 propietarios, entre ellos el legislador.

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Un proyecto similar se había presentado el pasado mes de junio por parte de los senadores cartistas Antonio Barrios y Sergio Godoy, de modo a contrarrestar la propuesta de despenalizar invasiones presentada por el senador Pedro Santacruz. Sin embargo, esta es una nueva propuesta.

La propuesta de normativa sería analizada esta semana por las comisiones del Senado y existe posibilidad de que sea tratada durante la próxima semana. El senador Sergio Godoy dijo en comunicación con Última Hora que la intención es tratar en conjunto ambos proyectos de ley que penalizan las invasiones.

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Los congresistas que acompañaron el proyecto son Enrique Riera, Fernando Silva Facetti, Enrique Bacchetta, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen y Patrick Kemper.

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Zavala había criticado también el informe de la Comisión Verdad y Justicia, organismo creado para investigar las violaciones cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, en el cual se detalla que casi ocho millones de hectáreas malhabidas se adjudicaron ilegalmente durante el stronismo y postronismo.

Dicho estudio abarcó adjudicaciones realizadas por los diversos entes responsables de las tierras públicas entre 1954 y el año 2003 y concluyó que el 32,7% de las tierras arables del país fueron entregadas irregularmente a personas no sujetas a la reforma agraria.

La lista de beneficiarios ilegales incluye a políticos, militares, narcos, seccionales coloradas y autoridades nacionales, pero los pocos esfuerzos de los gobiernos para la recuperación no tuvieron ningún tipo de éxito.

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