Política

De tierras malhabidas y debates urgentes

 Estela Ruíz Díaz

El senador Fidel Zavala está en el ojo de la tormenta estos días, no por sus posiciones conservadoras habituales o ataques a todo lo que le suene a izquierda.

El punto de discusión que desató fuertes enfrentamientos en el Senado son las tierras malhabidas, una cuenta pendiente de la democracia que no se atreve a resolver el complejo problema porque muchos de los que detentan el poder han sido beneficiados con miles de hectáreas por Alfredo Stroessner. Tierras que, según la ley, debían destinarse a la reforma agraria. Más allá de los atajos legales para defender la apropiación de las tierras, o la imposibilidad de recuperarlas a raíz del blanqueo por el paso del tiempo, es una realidad indiscutible que el dictador repartió a diestra y siniestra millones de hectáreas a militares, presidentes de seccionales, políticos y empresarios amigos. Hasta el ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza, asesinado en el país, tuvo su campito de 8.000 ha.

De esto justamente habla un informe de la Comisión Verdad y Justicia, creada por ley en el 2003 en el marco de un histórico acuerdo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, dirigido por Nicanor Duarte Frutos. O sea, fue un organismo con base jurídica y legitimidad política que nació para conocer en forma oficial la verdad sobre los hechos de violación de derechos humanos durante la dictadura stronista (1954-1989).

El informe final presentado en el 2008 habla en uno de sus capítulos de las tierras malhabidas, donde se detallan las casi 8 millones de hectáreas adjudicadas ilegalmente entre 1954 y 2003.

HERIDA ABIERTA. La cuestión de la tierra en Paraguay está marcada a sangre y fuego. Y como todo problema irresuelto, surge de tanto en tanto, generando crispación política por el posicionamiento extremo de las partes.

El Senado es epicentro estos días de este debate. En medio de las acusaciones entre defensores acérrimos de la propiedad privada y los que plantean la recuperación de tierras para repartirlas a campesinos, la situación se recalentó con el pedido cartista de la pérdida de investidura del luguista Sixto Pereira por “instigar” a las invasiones, que rápidamente tuvo el apoyo de poderosos gremios como la ARP y la UIP. En ese cruce, el senador Jorge Querey reveló que supuestamente “la familia Zavala Serrati se quedó con más de 1.359 hectáreas de tierras en Itapúa. Recibidas de Stroessner en diciembre de 1984”.

Luego se sumó la acusación contra el propio senador Zavala de ocupar, junto a otros 18 propietarios, 115 hectáreas del Parque Nacional Ybycuí. No es una acusación política sino una auditoría del Ministerio del Ambiente, que confirma el dato en cada entrevista que concede. El patriaqueridista aclaró que compró la propiedad de un colono japonés, y que su propiedad linda con el parque. Solicitó al Mades ir más allá de la simple auditoría y profundice la investigación contrastando documentos y leyes.

Este dato lo sacó de sus casillas. Tanto que en un momento de su alocución virtual en el Senado cuestionó el trabajo de la Comisión Verdad y Justicia. “Vamos a ver en qué contexto, cómo se hizo el análisis de la famosa Comisión de Verdad y Justicia, a ver si interpretaron a su antojo o efectivamente miraron el estatuto agrario viejo que se cambia en el año 2002”.

PELIGROSO. Con esta frase, por la que recibió repudio de numerosos sectores, cruzó una línea peligrosa que ni siquiera los imputados por el informe se atrevieron jamás a traspasar, sino porque con esta posición Zavala pretende deslegitimar un trabajo puntilloso escrito por una diversidad de figuras, cuya solvencia moral avala cada párrafo del informe, simplemente para defender un interés personal.

Esta deslegitimación puede abrir otras compuertas y acá es donde radica la peligrosidad de su discurso. Así como Zavala, muchos stronistas sobrevivientes o seguidores pueden afirmar que las violaciones a los derechos humanos son pura ficción, que los presos políticos no existieron, que los vuelos de la muerte eran paseos para observar las nubes y que el Operativo Cóndor era un intercambio binacional de aves.

Ese es el peligro de los que confunden la política con la defensa de intereses personales o corporativos. Lamentablemente esa es la impronta de la acción política actual; sin embargo, los legisladores y demás actores políticos no deben olvidar que el norte es el bien común y esa debe ser la línea de quienes dicen representar al pueblo.

Hay principios que no se pueden negociar, más allá del partido al que se pertenezca o a los intereses económicos a los que se representa. Si se empieza a frivolizar el stronismo con todo el dolor a miles de paraguayos y las consecuencias económicas, políticas y sociales que generó al país que sigue lastrando su pasado, el camino está equivocado. A no ser que el proyecto oculto sea mantener sus nefastas prácticas para seguir manteniendo privilegios.

Lo positivo que se puede rescatar de la polémica Zavala es haber vuelto a poner sobre la mesa el necesario debate sobre las tierras malhabidas, la desigualdad de la tenencia de la tierra, una herida profunda y abierta que solamente puede sanar con un gran pacto social y alto sentido de justicia.

Dejá tu comentario