La comisión creó un grupo de trabajo y seguimiento al altercado que se vive en la zona. Participaron de la mesa de trabajo la senadora Esperanza Martínez; el viceministro de Seguridad Interna, Oscar Pereira, representantes del Indi, de la Policía Nacional, Ministerio Público, Defensa Pública, líderes indígenas y otros actores vinculados al caso, como así también los supuestos propietarios del inmueble en cuestión.
La semana que viene, miembros de la Comisión Permanente tienen pensado visitar el lugar.
“Hubo mucha violencia allá, hubo disparos, hubo gente herida, según los fiscales y según la policía, y también exhibieron algunas fotos. Entonces, esta violencia no puede seguir un solo día. Estuvieron representantes indígenas acá y los supuestos propietarios de los inmuebles en cuestión. Ellos se comprometieron a bajar totalmente la presión, esperar que empiece a funcionar la mesa técnica que hoy se ha organizado, que encabeza el doctor Samaniego, que es al mismo tiempo el presidente del Indi. Ya nosotros, a través del presidente de la Comisión Permanente, nos hemos comprometido a visitar el lugar la semana que viene”, sostuvo el senador Orlando Penner, quien ofició de vocero al término del encuentro, y aseguró que tras la reunión “se bajaron los decibeles”.
“Se comprometieron los indígenas, se comprometieron los supuestos propietarios de las estancias, y esa es la noticia tal vez más feliz hoy por hoy. Violencia cero, trabajo técnico, y en corto tiempo, ojalá Dios nos ayude, vamos a tener la precisa si hay derechos de dos grupos sobre un mismo inmueble o no, o lo que sea el resultado, pero va a haber paz, no va a haber peligro, y vamos a trabajar durísimo para que esto pronto se aclare”, indicó el legislador.
El caso. Los pobladores hablan de un hostigamiento que no es nuevo, sino parte de un largo historial de atropellos a su territorio y a su dignidad.
“Supuestamente, los ocupantes serían indígenas, hay un litigio, hay un título de propiedad por parte de los supuestos dueños del inmueble y los indígenas dicen que es su tierra, inclusive, supuestamente hay cementerios de los indígenas dentro de la propiedad. Convocamos a todos, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, estuvo el viceministro de Seguridad Interna, presidente del Indi”, dijo Penner.
El hecho se habría originado ya el pasado lunes por parte de una treintena de personas que habrían sido contratadas por una empresa.
Ni funcionarios del Indi ni agentes de la Pastoral social de la Diócesis de Canindeyú pueden llegar junto a los indígenas amenazados para hacerles llegar víveres.
Según el relato de los hechos, en la madrugada del 29 de diciembre pasado, aproximadamente a las 05:00, un grupo de civiles armados (guardia privada) irrumpió en el territorio reivindicado por la comunidad Tekoha Karapá. Los atacantes efectuaron disparos de armas de fuego contra viviendas, hombres, mujeres y niños, obligando a los pobladores a refugiarse en el monte para salvaguardar sus vidas.
Acto seguido, procedieron a incendiar de forma deliberada las viviendas, ropas, enseres y alimentos, dejando a la comunidad en un estado de desprotección y precariedad absoluta, según detallan.
En ese sentido, denuncian que lo más alarmante de este suceso es el aislamiento forzoso al que está sometida la comunidad. “Los civiles armados han establecido un cerco que impide el acceso de asistencia humanitaria y bloquean el paso”, señalan.
Constataron los hechos de violencia en el lugar señalado
El pasado viernes, los fiscales Néstor Narváez y Rodrigo Giandinotto se constituyeron en el lugar donde está asentada la comunidad Tekoha Karapá, de Ypehú, Canindeyú, para ver con sus propios ojos lo que ya no puede seguir negándose: casquillos de balas esparcidos en la tierra, viviendas humildes marcadas por el miedo y familias enteras que sobreviven entre la incertidumbre y el temor. Los miembros de la comunidad entregaron a los representantes del Ministerio Público las evidencias recogidas, que dan cuenta de la gravedad de la situación. La visita de los fiscales se dio luego de que, según denunciaron los pobladores, el comisario de la zona habría intentado minimizar lo ocurrido. Sin embargo, el recorrido permitió constatar el estado de extrema vulnerabilidad en el que viven los indígenas, quienes aseguran haber sido víctimas de reiterados amedrentamientos.
