Debido a que el tiempo apremia para la negociación o estudio de un proyecto de ley que permita modificar el cálculo para el reajuste anual del salario mínimo para finales de junio, cuyo proceso recién iniciará la próxima semana a cargo del Ministerio de Trabajo, como contraparte la senadora Esperanza Martínez urgió el tratamiento del proyecto de ley para la reforma salarial, cuyo estudio se prevé recién para dentro de 15 días.
El proyecto de ley “Que modifica el artículo 255 de la Ley 213/93 que establece el Código del Trabajo, y deroga el artículo 256 del mismo” fue presentado el pasado 7 de mayo.
Martínez sentenció que el país no puede esperar los dos años de estudio que propone el oficialismo, ya que la necesidad de las familias paraguayas es urgente y actual.
Respecto al salario mínimo vigente, señaló que “dato mata relato”, ya que los parámetros actuales de cálculo no reflejan los gastos reales que una familia necesita para una vida digna.
Su propuesta busca precisamente ajustar esos cálculos, incorporando el índice de alimentos como factor determinante y analizando fórmulas de otros países vinculadas al crecimiento del PIB.
Con relación a las recientes declaraciones oficiales sobre la disminución del desempleo, la legisladora calificó la narrativa del Gobierno como un “plan de influencer” que choca con la realidad cotidiana de la gente.
La senadora puso el foco en el incumplimiento de las leyes laborales y la crisis de la seguridad social, que hoy solo alcanza al 30% de los paraguayos.
Exigió que el Gobierno ponga más esfuerzo en la formalización para llegar al 70% y llamó a una campaña de concienciación y denuncia, señalando que son los grandes sectores económicos los que más evaden sus responsabilidades con los trabajadores.
Salario Digno. Para la senadora, la solución real requiere un compromiso de todos los sectores para garantizar que el salario mínimo deje de ser una cifra de subsistencia y se convierta en una garantía de dignidad.
Desde las Centrales Obreras piden un incremento del 20% del salario mínimo, es decir que alcance el monto de G. 3.500.000 para compensar la pérdida del poder adquisitivo que se arrastra desde hace más de 10 años.
