Al final, lo que se aprobó no fue más que un maquillaje, según advirtieron entonces varios expertos en legislación.
Bachi Núñez, ya como presidente del Congreso Nacional, despreció en más de una ocasión la iniciativa popular contra el nepotismo tildándola de “estafa popular”.
La descalificó diciendo que estaba inducida por un sector político, donde milita Soledad Núñez, la ex ministra de Senavitat y ex candidata a vicepresidente de la República de la Concertación Nacional. La propuesta buscaba cerrar todas las puertas al nepotismo. En la normativa se proponía hasta 5 años de prisión para las personas involucradas en este tipo de hechos irregulares.
Posteriormente, con el proyecto de ley para supuestamente transparentar a las organizaciones de la sociedad civil, conocida como ley antioenegés, el mismo senador dijo que esta también es para combatir el “nepotismo” y el “prebendarismo (¿?)”.
El Ejecutivo, por su parte, considera que con la nueva ley del servicio civil se encontraría la solución a las contrataciones de familiares en las instituciones del Estado.
Sin embargo, la ley “De conflicto de intereses”, que promulgó el Ejecutivo en enero pasado eliminó la obligación de declarar familiares en la función pública.
El edificio del Congreso Nacional ya resulta pequeño para la cantidad de contratos que con cada nuevo período legislativo incorporan los legisladores que pertenecen al sector hegemónico o mayoritario. Los nuevos funcionarios contratados no tienen funciones específicas y las oficinas y pasillos se ven atestados permanentemente.
Pese a esto, en Diputados, recientemente se incorporó por concurso a 50 nuevos funcionarios, sin importar que es lo que sobra en esa Cámara y en el Senado. El Poder Legislativo se convirtió es receptor de operadores políticos.
