Para el senador del Partido Patria Querida (PPQ), Fidel Zavala, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), es un ente que no funciona y que debería cerrarse.
“Si miramos históricamente, desde la época del Instituto de Reforma Agraria (IRA), posterior Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Indert, si observamos el estatuto agrario y la carta orgánica del Indert que tendría que cumplir papeles de extensión agraria, dotar de infraestructura a las colonias, saneamiento y agua potable y lo referente al área habitacional, todas esas funciones corresponden a los ministerios”, argumentó el legislador.
Zavala resaltó que los roles del Indert son reemplazables y que todos los problemas del país, del orden económico y social, tienen causa en el conflicto por la tierra. “Y el gran responsable de todo eso es el Indert, junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y otros organismos, en nombre de la reforma agraria”, insistió.
El senador recordó que desde la creación del antecesor del Indert, el IBR, en el año 1992, a la actualidad, se gastó cerca de USD 5.800 millones, “que es el equivalente a la deuda externa del país”, detalló.
ANTEBI CUÉ. Zavala es el propulsor del proyecto de regularización de las tierras de Antebi Cué. El senador consideró que la actuación del Estado en este caso fue un ejemplo de lo que puede generar el populismo. La propuesta habla de la venta de las tierras para el pago de las deudas del Indert.
“Se expropiaron tierras supuestamente para la reforma agraria pero no tenían aptitud agrícola, sí para ganadería. Se endeudó al Estado en más de USD 80 millones. El resultado fue cero. Hoy el Indert tiene una deuda de más de USD 71 millones, no tiene condiciones de hacer frente y se sigue expropiando”, apuntó.
El legislador manifestó que el modelo de reforma agraria actualmente está permitido, por lo que se habla más bien de desarrollo rural, lo que implica transferencia de tecnología, acceso a créditos, mercado, seguro agrícola, entre otros.
Por tanto, explicó que el proyecto que presentó en la Cámara de Senadores tiene por objetivo que los ocupantes que no son sujetos de la reforma agraria, puedan regularizar su situación, teniendo en cuenta dos aspectos, primero, que cumplan con los requisitos para permanecer, y segundo, ingresar al circuito económico y generar beneficio para la zona, ya que no están pagando impuestos inmobiliarios, como sucede en las localidades de Puentesiño y San Carlos.
Zavala añadió que los ocupantes son pequeños productores, políticos y brasileños, por lo que el proyecto de ley contempla el respeto a la ley de seguridad fronteriza, que habla de que en las zonas limítrofes no pueden habitar extranjeros como propietarios de las tierras.
La cifra
5.800.000.000 de dólares es el gasto del Indert desde la creación de su antecesor, el IBR, en 1992.
Silva Facetti dice que se busca blanqueo
El senador liberal Fernando Silva Facetti dijo que el proyecto de regularización de las tierras de Antebi Cué es inconstitucional, ya que fueron expropiadas para la reforma agraria, pero son ocupadas por brasileños, narcotraficantes y políticos. Señaló que la Fiscalía debe investigar por qué el Indert no cumplió su objetivo en esas tierras y perseguir a los ocupantes ilegales. Acusó de que con ese proyecto, en vez de echar a los “invasores”, se pretende blanquearlos.
Consideró que el Indert pretende vender tierras a ocupantes que saben que no deben estar ahí.
Silva indicó que si el Estado vende las tierras a particulares luego de haberlas expropiado a otros particulares se estaría hablando de confiscación. “Y eso es ilegal en un Estado de derecho”, alegó.
