El proyecto generó un intenso debate, ya que algunos opositores mencionaban que el proyecto debía ser rechazado, porque existe una Ley de Contrataciones.
Sin embargo, con esta medida, se pretende debilitar el control en las comunas y facilitará abrir la canilla para la corrupción a nivel país.
“Los artículos que fueron modificados se refieren al ámbito de aplicación, al inicio del proceso, al pliego de bases y condiciones, y a la adjudicación y la excepción de la obligación de retención sobre contratos suscriptos, según la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.
La senadora Kattya González propuso la postergación del tratamiento del punto 7 por quince días. La propuesta no obtuvo la cantidad necesaria de votos.
“En primer lugar, quería saber si les consultamos a las direcciones técnicas sobre este proyecto. Cuando se trata de modificaciones de cartas orgánicas y procesos de compras públicas, debemos calmarnos un poco. No hay una argumentación solvente sobre los procesos o trabas que ameritan la interferencia a la ley. Nosotros estamos vulnerando procesos constitucionales a la ligera que benefician a las cúpulas políticas, pero no así al Estado de derecho”, mencionó.
“No tiene fundamento técnico ni teórico. Es una cuestión muy grave. Debemos postergar el estudio. Vamos a flexibilizar el proceso de contrataciones públicas a través de esta ley. Pidió postergar 15 días, pero no tuvo mayoría”, sostuvo la legisladora.
La Dirección General de Contrataciones Públicas ya había elevado su voz de protesta y pidió al Senado rechazar este proyecto.
Según Agustín Encina, titular de la DGCP, en el artículo 219, el proyecto intenta exceptuar a las municipalidades de la obligación de retener la contribución sobre contratos que está establecida desde la creación de la Ley de Contrataciones Públicas.
Para Encina, la aprobación de este proyecto es un despropósito y traerá un revés en la lucha contra la corrupción, ya que impedirá controlar el proceso correctamente e impedir el control sobre las compras que realizan las municipalidades.
No obstante, los legisladores no hicieron caso a las súplicas de Encina y aprobaron el proyecto sin mayores objeciones y con una abrumadora mayoría colorada.
Otro legislador que pidió realizar alguna modificación al proyecto fue Eduardo Nakayama, pero tampoco fue oído por sus pares.
El documento quedó sancionado y se remite al Poder Ejecutivo.
