Los senadores decidieron no acompañar la media sanción de Diputados y rechazaron el proyecto de ley de extinción de dominio alegando distintos argumentos en contra. El senador Miguel Abdón Saguier se encargó de explicar cada una de las irregularidades del documento.
Se refirió a artículos que atentan contra la Carta Magna, a los que colisionan con el Código Procesal Penal, a la mala redacción y que ya existe una Ley de Comiso que no se está aplicando a pesar de estar vigente desde el 2012.
La senadora Desirée Masi, por su parte, fue clara al mencionar que, en todo caso, se debería modificar esa normativa y aprobar otra con similares objetivos. Incluso dijo que el actual proyecto es una “aberración” porque sus 49 articulados tienen objeciones.
Refirió que el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de extinción de dominio con base en una normativa colombiana del 2002, que posteriormente fue derogada por la corrupción que se daba con los bienes de los narcos.
Este proyecto había sido presentado junto con varios otros dentro de un paquete como parte de la lucha contra el narcotráfico, luego del asesinato del periodista Pablo Medina y su colaboradora, Antonia Almada.
La Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado había sugerido varias modificaciones empezando por el propio nombre del proyecto. El senador Arnaldo Giuzzio lamentó que sus colegas no se hayan fijado en todos los cambios introducidos a la propuesta para que sea viable.
Dijo que esta herramienta es incluso más importante que la Ley de Financiamiento Político porque se ataca directamente el patrimonio de los narcotraficantes. Cree que de esa forma, los procesados no podrán “comprar a fiscales y políticos corruptos”.
Combate al narcotráfico
El proyecto pretendía complementar el diseño de una política criminal para optimizar los medios para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, respondiendo al artículo 71 de la Constitución Nacional de reprimir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y demás drogas peligrosas.
Buscaba otorgar prerrogativas al Ministerio Público, tales como la facultad de actuar inmediatamente imposibilitando que los bienes ilícitos puedan ser transferidos. De esta forma se podría bloquear cualquier transferencia que se efectúe, en cuestión de minutos.
Otra de las características del proyecto de ley es que, si bien se bloqueará la transferencia de los bienes, la titularidad pasará al Estado y serán destinados a las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico.
La propuesta pretendía bloquear los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos, según el proyecto planteado.
