El caso gatillo fácil fue objeto de debate en el Senado, donde constantemente surgen críticas a la gestión del ministro del Interior, Enrique Riera.
El senador Éver Villalba habló sobre la muerte de del joven Frederick Nahuel Cáceres, cuyo vehículo recibió casi 40 balazos de la Policía Nacional tras evadir una barrera en la ciudad de Alberdi, Departamento de Ñeembucú.
Al respecto, el legislador propuso un proyecto de declaración para esclarecer el caso y aunque el cartista Ramón Retamozzo dijo que el contenido del documento ya está contemplado en los procesos legales vigentes, el opositor insistió en que la tragedia no puede quedar impune.
“Necesitamos reaccionar ante esta situación, más todavía cuando el ministro del Interior sale a decir de que son cosas que pasan. No puede ser, no puede naturalizarse la muerte de un ciudadano en manos de la Policía en uso desigual de la fuerza, no tenía arma la víctima, estaban casi una docena de policías, varios disparos, no hay disparos intimidatorios, no se disparó a la rueda, dispararon a matar evidentemente, entonces hay que revisar el protocolo y si realmente no están capacitados estos personales para hacer barrera se debe revisar incluso la formación que se les está dando”, argumentó.
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El senador cartista Derlis Maidana también se refirió a la situación en calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Sobre el punto dijo que el Estado debe garantizar la vida y la seguridad de las personas y que aunque tiene legitimidad el monopolio de la fuerza pública, esta debe ser ejercida en función de la Constitución Nacional.
En ese sentido, afirmó que cuando ocurre una muerte en estas circunstancias, el Estado tiene la obligación de aclarar lo que ocurrió.
A su vez, Carlos Núñez aprovechó para criticar nuevamente la gestión del ministro del Interior y dijo que el presidente Santiago Peña se equivocó al pensar que Enrique Riera sería capaz de manejar la seguridad interna del país.
“Pero tuicha ojequivoca presidente, porque ahora lleva un muerto más”, aseveró.
Lo acusó de querer militarizar el Paraguay, trayendo a colación su insistente reclamo contra la mudanza de la Comandancia de la Policía en una de las torres de los edificios del Gobierno ubicados en el Puerto de Asunción.
“Hoy yo traigo la voz de más de 300.000 policías retirados y familiares –ojo para el Partido Colorado– porque si no se revisa esta postura de la Comandancia, que se le dé la autoridad correspondiente al comandante, no que sea un cabo de semana del ministro”, expresó el ex comisario dando a entender que podría haber un voto castigo en las elecciones.
Sobre esta situación se registró una movilización en el microcentro de Asunción de ex policías que repudian el traslado de la sede policial.
