En mayo de 1995, Banco General y Bancopar fueron intervenidos tras una expansión crediticia que escondía graves problemas patrimoniales. Se encontraron préstamos a empresas vinculadas, activos inexistentes y registros que ocultaban la situación real de los bancos.
Dos años después, Banco Unión y Ahorros Paraguayos mostraron cómo los problemas podían transmitirse entre entidades del mismo grupo, mientras el BCP intentaba sostenerlas con asistencia financiera. El Banco de Desarrollo ofreció en 1997 otra lección. El IPS convirtió G. 26.000 millones de depósitos en capital de una entidad en dificultades, en un intento por evitar su caída. El dinero público dejó de ser un depósito y pasó a asumir directamente el riesgo del banco.
Estos episodios explican para qué existen los indicadores prudenciales. No son formalidades contables, sino que buscan impedir que los bancos asuman riesgos excesivos con dinero ajeno y aparenten una solidez que no tienen.
Limitar los créditos a empresas vinculadas evita que los dueños financien sus negocios sin las condiciones exigidas a otros clientes. Deducir las participaciones en filiales del capital responde a otro riesgo. Pensemos en alguien que invierte todos sus ahorros en una empresa, lógicamente, no puede seguir contando ese dinero como disponible ante emergencias. Un banco tampoco debería utilizar íntegramente el capital invertido en una filial como respaldo de sus propias pérdidas.
Estos criterios, desarrollados internacionalmente y recogidos en los acuerdos de Basilea, llegaron al marco legal paraguayo con la ley de 1996 y se reforzaron en la reforma de 2016. La crisis de los 90 evidenció cuánto cuesta regular mal y supervisar peor. En ese tránsito desaparecieron 13 bancos y 35 financieras. El FMI estimó que el costo pudo haber alcanzado el 13% del PIB de 1998. Es difícil saber si intervenir antes habría evitado o no la crisis, pero habría podido contener el daño.
Treinta años después, el caso ueno bank vuelve relevante aquella distinción entre capital declarado y capital verdaderamente disponible. Sus estados financieros publicados registran G. 876.640 millones invertidos en dos empresas vinculadas. Al reconstruir los coeficientes con información pública del BCP, no se identifican deducciones por esas participaciones. Si correspondiera restarlas íntegramente, los indicadores por debajo de los mínimos regulatorios.
La misma operación con otros bancos similares denota que las inversiones identificadas tienen deducciones prácticamente equivalentes. En el caso que nos ocupa ese ajuste no aparece. Esto vuelve razonable la exigencia al BCP de explicar el tratamiento realizado. Sobre todo, porque la inquietud no proviene solo de actores externos al regulador, como lo demuestra el memorando de Carmen Marín –miembro del Directorio– al Superintendente de Bancos del 29 de junio, en el cual advirtió que la deducción podría agravar el déficit de solvencia patrimonial de la entidad y reclamó revisar las operaciones con vinculadas y el cumplimiento del plan de fusión.
Entonces, la pregunta ya no es solamente qué dicen las cuentas, sino qué hizo el BCP ante las advertencias de su propio Directorio.
Además, hay otra razón para exigir respuestas. Esta entidad ha recibido depósitos de entidades públicas, del IPS y de Itaipú Binacional, al punto de convertirse en el mayor depositario privado. Eso no convierte su situación en una repetición del Banco de Desarrollo. Pero la historia enseña que cuando el supervisor reacciona tarde, el riesgo puede extenderse mucho más allá de los accionistas.
La solvencia no se fortalece dejando de descontar riesgos del papel. Y la supervisión no protege a los depositantes si solo reconoce los problemas cuando ya es tarde.
