El proyecto presentado por el senador Javier Zacarías Irún tuvo acompañamiento de una mayoría, tras mucho debate en el que legisladores de todas las bancadas intervinieron y detallaron sus puntos de vista, algunos, munidos de datos estadísiticos, técnicos y hasta científicos.
Hubo dos mociones concretas, una proponía que el incremento de pena para crímenes cometidos por adolescentes (a partir de los 14 años) sea de hasta 15 años y otra que proponía 10 años. Un segundo proyecto de ley del senador José Oviedo (Yo Creo, ex Cruzada Nacional) proponía 20 años de pena máxima, pero ni siquiera fue puesto a consideración, pese a figurar en el orden del día.
Cabe advertir que, actualmente, la ley contempla que como medida excepcional de privación de libertad, la pena sea hasta 8 años.
Para el senador Rafael Filizzola, el Estado también debe cumplir con su obligación con quien cometió el crimen, más aún si es un niño, niña o adolescente, de manera a que retorne a la sociedad tras cumplir un proceso de reinserción o pena. Dijo que en este momento no puede asegurar ni siquiera eso, por lo que daría igual el incremento de penas.
“Si el Estado no hace nada y no da la atención adecuada para que esos chicos puedan retornar a la sociedad , la cifra que pongamos va a ser insuficiente”, dijo el senador del Partido Democrático Progresista (PDP).
Añadió que se debería establecer bien cuáles son las atenuantes por cada caso, y consideró que un menor de 14 años es muy diferente a alguien de 17 años, que está por cumplir la mayoría de edad.
“Estamos legislando de una manera reactiva y no estamos apuntando donde está el problema. Sugiero que nos demos más tiempo para recibir la información que estamos requiriendo”, dijo.
La senadora del Frente Guasú Esperanza Martínez lamentó que hubo que esperar la muerte para establecer políticas de Estado.
“Incluso en el ámbito de salud mental, aquellas instituciones que puedan ayudar a aquellas personas que ya están con problemas o los que pueden estar en riesgo de estarlo. Hicimos la Ley de Salud Mental, pero no le pusimos ningún guaraní”, sostuvo.
Desde todo punto de vista, apuntó que la medida que se busca establecer no se va a solucionar. Dijo que se equivocaron en el enfoque . Agregó que los que apuntan a estas medidas buscan “lavar conciencia” y en el fondo se miente a las familias que buscan Justicia para los crímenes en contra de sus seres queridos.
El senador Éver Villalba enfocó el problema desde otro punto de vista, al sostener que los crímenes por homicidio doloso ni siquiera ocupan el primer lugar entre los distintos tipos de homicidios.
Instó a sus colegas a no legislar empujados por la presión mediática que se instaló luego de los crímenes de una joven adolescente y un joven delivery que conmocionó a la sociedad.
De hecho, al hacer un análisis comparativo, dijo que los suicidios ocupan una cifra más preocupante, incluso que la de los homicidios, según el dato de los últimos 20 años.
En síntesis, el debate caminó hacia la necesidad de salud mental, área en la que el Estado se encuentra ausente. “La gente se está suicidando (...) mueren más por suicidios y por accidentes de tránsito”, sostuvo.
Acotó que una campaña integral de educación que incluya salud sexual y va permitir prevenir hechos lamentables.
“Educación educación educación, no subir las penas”, expresó la senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La senadora Norma Aquino instó a sus colegas a ponerse en el lugar de las familias que perdieron a sus seres queridos en horrendos crímenes.
Esto con relación al caso de María Fernanda Benítez, sucedido en Coronel Oviedo, y el del joven Alfredo Duarte, conductor de plataforma, asesinado en el barrio San Francisco, de Asunción.
Sostuvo que los “derechos humanos de los criminales” no deben ser impedimentos para establecer medidas penales más drásticas.
No faltó el espacio donde algunos senadores expresaron su inclinación a la pena de muerte, aunque no contemple la Constitución Nacional, como el caso de Yamy Nal (ANR, ex Cruzada) y la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional.
Modificación contempla revisión anual de la pena
La modificación del Senado fue al artículo 207 de la Ley 1.680, cuyo texto vigente expresa que “la medida privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años.
En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de ocho años”.
El Senado modificó este segundo párrafo del artículo 207, estableciendo la duración máxima de la medida a 15 años.
Además, se introdujo un texto que establece que se adoptará un proceso de revisión constante de la autoridad competente con relación a la medida impuesta al adolescente .
“En todos los casos, la autoridad competente deberá revisar anualmente la situación del adolescente, con el objetivo de valorar su evolución y promover su proceso de rehabilitación”, señala la modificación del Senado a la ley, que ahora pasa a Diputados para su estudio.
