Dante Leguizamón es abogado defensor de los derechos humanos. Actualmente es secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Dante Leguizamón tenía 13 años cuando su padre, el periodista Santiago Leguizamón, falleció en manos de la mafia. En ese tiempo, Santiago se desempeñaba como director de la radio Mburucuyá de Pedro Juan Caballero y el 26 de abril de 1991, cuando se disponía a ir a un almuerzo de trabajo, unos sicarios acabaron con su vida.
El Estado nunca pudo dar con los responsables del crimen. La única sentencia que salió fue contra el Gobierno paraguayo y fue de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se exige al Estado el impulso de un proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“Una de las medidas exigidas por la Corte IDH es la creación de un mecanismo de protección a los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos”, recordó Dante.
Cuestionó el tratamiento legislativo del documento, el cual fue relegado y reemplazado por una propuesta alternativa impulsada por el cartismo. Recordó que el proyecto original fue construido durante varios años mediante un proceso participativo que involucró a instituciones públicas y privadas, así como a organizaciones de la sociedad civil.
Además, debía contar con dictámenes favorables de cuatro comisiones del Congreso: Legislación, Hacienda, Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos.
Sin embargo, denunció que el tratamiento del cartismo en el Poder Legislativo fue “como mínimo irresponsable”, ya que el proyecto no fue debatido ni analizado en profundidad.
“No se habló, no se verificó el contenido y, en su lugar, se presentó un proyecto alternativo que no cumple con ninguno de los requisitos ni con los estándares internacionales para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos, según explicó, es que la nueva propuesta excluye completamente a las personas defensoras de derechos humanos. Además, la protección que plantea el Ejecutivo resulta “sumamente insuficiente” a la luz de los Principios de París, sobre las instituciones nacionales de derechos humanos y de los estándares internacionales vigentes.
El proyecto crea una dirección dependiente del Ministerio del Interior, sin participación de la sociedad civil, sin mecanismos de construcción colectiva de medidas de protección ni evaluación de riesgos, y sin un detalle claro de acciones efectivas.
“Es un proyecto profundamente deficiente que no va a significar ningún cambio real en la protección de periodistas”, resaltó Dante.
Leguizamón puso en contexto la situación, ya que la aprobación de una ley de protección a periodistas forma parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón vs. Paraguay. Se trata de un compromiso asumido por el Estado paraguayo ante la Corte IDH, compromiso que, según señaló, no fue cumplido.
“Ninguna de esas cuestiones ocurrió. La situación es sumamente delicada”, afirmó. Si bien adelantó que seguirán insistiendo en la búsqueda de una ley adecuada, reconoció que probablemente el debate de fondo se retome recién cuando cambie la mayoría parlamentaria.
“Seguiremos buscando la mejor estrategia y la mejor ley para proteger a los periodistas”, sostuvo.
Mientras tanto, alertó que la inseguridad y el riesgo para el ejercicio del periodismo continuarán. Aunque el proyecto fue postergado para su discusión el próximo año, lo que queda en pie es una propuesta que no reúne las características necesarias para una verdadera ley de protección.
“La situación de los y las periodistas seguirá siendo la misma de riesgo e inseguridad que la actual”, remarcó.
En ese sentido, consideró que el objetivo real del proyecto oficial es cumplir “entre comillas” con una formalidad ante la Corte Interamericana, sin una voluntad política genuina de proteger a quienes ejercen el periodismo. “Se busca cumplir con el requerimiento de la Corte, pero de una manera que no va a ser satisfactoria”, enfatizó.
“Esta ley, como está diseñada, no cumple con el estándar de derechos humanos, no cumple con los estándares en general y tampoco cumple con la sentencia”, aseveró Leguizamón.
El cartismo presentó de contramano el proyecto “De Prevención, Protección y Asistencia a periodistas y trabajadores de prensa víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión”, que según sus promotores dará mejor protección; sin embargo, reúne muchas falencias, según el propio Sindicato de Periodistas, la Codehupy y otras organizaciones.
RETROCESO
Dante advirtió sobre un deterioro profundo de la calidad democrática. “Desde la Codehupy, sostenemos que la calidad de la democracia se va degradando de una manera profunda”, manifestó.
Mencionó especialmente la ley de transparencia de las organizaciones sin fines de lucro, conocida como la ley garrote, contra la cual presentaron una acción de inconstitucionalidad.
“La democracia se viene degradando porque se cierran los espacios de discusión, de debate y de construcción amplia de políticas públicas”, señaló.
A su criterio, lo que se busca es que una mayoría gobierne sin debate, sin escuchar y sin dar participación a otros sectores y colectivos que también son afectados por las políticas públicas y las leyes.
Indicó que esta falta de políticas intencionales en materia de derechos humanos se evidencia de manera clara en el tratamiento que reciben las comunidades indígenas, uno de los sectores más vulnerables y postergados del país.
Cuestionó la llamada descentralización del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), lo cual conduce a su debilitamiento.
Alertó sobre el debilitamiento de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas y a la agricultura rural y campesina, lo que se evidencia que el Estado no solo deja de cumplir su rol, sino que además implementa medidas regresivas y discriminatorias hacia estos sectores.
“El Estado no solo no se ocupa, sino que implementa medidas de regresión y de discriminación hacia estos pueblos”, lamentó.
Leguizamón mencionó específicamente la situación de la comunidad indígena Karapa, en el Departamento de Canindeyú, que actualmente se encuentra asediada por civiles armados. Denunció que el propietario de una estancia de la zona impide el ingreso de las fuerzas policiales, lo que agrava el estado de vulnerabilidad de la comunidad.
“El Estado paraguayo no ha hecho nada para remediar esta situación”, sostuvo, al tiempo de señalar que el accionar de la de la Policía Nacional, se limita a informar al Ministerio Público, mientras la desprotección continúa y las comunidades siguen siendo hostigadas y agredidas por estos grupos.
Con el proyecto del cartismo se busca cumplir con el requerimiento de la Corte, pero de una manera que no va a ser satisfactoria para la protección efectiva de los y las periodistas.
