“Le insto respetuosamente a que como máxima autoridad del Estado paraguayo corrija esta gravísima vulneración de los Derechos Humanos. Las consecuencias para la vida y la integridad física y mental de esta niña son graves, y añadirán un sufrimiento inconmensurable al que ya ha pasado. Por lo tanto, le insto a que le otorgue la posibilidad de acceder a servicios de interrupción del embarazo”, expresa la carta dirigida al jefe de Estado.
Para el defensor de los Derechos Humanos, permitir que la niña continúe con el embarazo es “evidentemente cruel” y representa una forma de tortura.
Shetty lamentó los errores cometidos por las autoridades a cargo de la seguridad de la pequeña. “El Estado paraguayo en vez de proteger, le ha fallado desde hace meses”, expresa y asegura que el futuro de la víctima está en manos de Cartes.
La madre de la menor ya había denunciado el año pasado que su pareja estaba abusando de su hija, pero, según el fiscal del caso, la misma retiró la denuncia y minimizó finalmente el hecho tildándolo de “chismes del barrio”.
La Fiscalía decidió realizar varios análisis psicológicos y físicos a la víctima pero no hallaron pruebas contra el padrastro ni rastros de abuso sexual. Sin embargo, el pasado mes de abril, la mujer llevó a su hija a un hospital público por un crecimiento inusual del vientre y allí detectaron que la niña estaba embarazada de 4 meses.
Gilberto Benítez Zárate, padrastro de la menor, estuvo prófugo varios días hasta que el pasado sábado fue detenido en la compañía Boquerón de Caazapá. El mismo negó haber abusado de su hijastra y ser el padre del bebé.
La salud de la niña
Según expresa la carta de Amnistía, la Organización Mundial de la Salud estima que los embarazos infantiles son sumamente peligrosos para la salud de las madres niñas, porque pueden dar lugar a complicaciones y hasta causar la muerte.
“Espero que Su Excelencia demuestre al mundo que los Derechos Humanos de todas las niñas se respetan y protegen en Paraguay sin discriminación y, que por esta razón, siempre se prioriza su interés superior como lo establecen las normas internacionales de los derechos humanos del niño”, finaliza el escrito de Shetty.
Cuestionan prisión de la madre
La misma institución, junto con el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Centro de Documentación y Estudios (CDE), de Callescuela, del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Paraguay) y del Movimiento Kuña Pyrenda, emitieron un comunicado conjunto en el cual solicitaron a la Fiscalía General del Estado un informe sobre la actuación fiscal en el caso de la niña de 10 años embarazada.
Las organizaciones cuestionan que la fiscal Monalisa Muñoz haya solicitado la prisión de la madre de la niña abusada bajo el argumento de que podría estar obstruyendo en la investigación.
Señalan asimismo que se constataron numerosas violaciones al debido proceso, incluso percibieron un ensañamiento contra la madre de la niña, violando su derecho a una vida libre de violencia, contemplado en la Constitución Nacional.
