Las pruebas fueron arrimadas en bruto y quedaron en ser desgrabadas, según datos a los que pudo acceder ÚH.
La Senad había acordado con la Policía Federal brasileña avanzar en la segunda fase del operativo Pavo Real II.
Sin embargo, ayer el ministro de la Senad, Jalil Rachid, reconoció que la entidad fue marginada de los operativos del caso Pavo Real II por temor a filtraciones. Refirió que un director de la Secretaría es primo de Eulalio Gomes.
“Se decidió realizar este trabajo, estos procedimientos ya con posterioridad desvinculando a la Senad, esa no es obviamente una decisión mía, es una decisión del titular a la acción penal pública. Si el Ministerio Público decidió trabajar con otra institución que no sea la Senad, que en este caso de la Policía, también decidió trabajar con otras cooperación que no es la Policía Federal de Brasil. Al sacarle a Senad de este caso, necesariamente tuvieron que sacarle también a la Policía Federal de Brasil al llevar a cabo este procedimiento de esta forma”, sostuvo.
Informe. La Fiscalía reveló que durante el procedimiento donde murió el diputado Eulalio Lalo Gomes se incautó un maletín de cuero que contenía varios documentos, entre ellos, un informe de la Policía Federal brasileña sobre los antecedentes del legislador fallecido.
En el documento, escrito en portugués, se detallan los supuestos vínculos de Gomes con referentes del crimen organizado de la frontera, para el lavado de dinero y financiamiento del narcotráfico. El informe habría sido proveído a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
Lalo Gomes perdió la vida en medio de un allanamiento encabezado por agentes del Servicio de Inteligencia Unificada (SIU), FOPE y la Fiscalía.
Todo el procedimiento desplegado tenía como objetivo al hijo del congresista, Alexandre Rodrigues Gomes, quien se entregó a la Policía Nacional luego del allanamiento.
Gomes y su hijo fueron imputados 10 minutos antes del allanamiento que se realizó en su vivienda, por supuestos vínculos con un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
El caso convulsionó el ambiente político e hizo incluso que las dos bancadas oficialistas en el Congreso se dividieran. En Diputados exigen que alguien pague los platos rotos y en tanto Peña brinda su apoyo a sus ministros.
