El gobierno venía cumpliendo varias exigencias internacionales debido a que el tráfico de armas desde Paraguay creció peligrosamente traspasando fronteras y afectando principalmente a Brasil, que motivó a la realización del operativo Dakovo, mediante el cual cayó una red de la que formaba parte la misma Dirección de Material Bélico (Dimabel).
Se trata de la Ley N° 4036/2010, “de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, Explosivos, Accesorios y Afines”.
Desde la presidencia informaron que las tareas de reglamentación, lideradas por el Codena, fueron con participación de todas las partes afectadas, por lo que hubo consenso.
El objetivo es el control por parte de instituciones del Estado en la lucha contra el tráfico de armas y el crimen organizado transnacional, de modo que la Dimabel, que es autoridad de aplicación, pueda contar con una herramienta legal.
La reglamentación incluye los plazos determinados para las gestiones que debe realizar un particular, un comerciante y los usuarios de armas de fuego, explosivos y afines, con la implementación del Sistema Informático Dimabel (SID).
Un punto importante es el incentivo para que el ciudadano registre las armas que tiene en posesión. Para ello, se otorgan facilidades en la gestión y se abaratan costos durante un año a partir de la implementación de este reglamento, bajo la figura de “registro de tenencia condicional”. Específicamente, la reducción es del 50% de lo que cuesta el registro de armas y 100% del test de manejo seguro.
Igualmente, fue modificado el enfoque del control que deberá ejercer la Dimabel, con la delimitación de parámetros para la comercialización y uso. Desde la reglamentación, la atención se concentra en el diseño y mecanismo de las armas, ya no solo en los calibres.
Santiago Peña suspendió temporalmente en noviembre pasado las importaciones de armas de fuego y municiones, alegando “seguridad pública”. Días antes, se firmó un acuerdo al que se denominó “Compromiso de Asunción contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos entre Paraguay y Brasil”, y el presidente comunicó la decisión de parar la compra de armas con la finalidad de contrarrestar el crimen fronterizo con Brasil.
En esta reglamentación, se limita la cantidad de armas y municiones que se puede importar anualmente, también se establecen los requisitos de control y seguridad de las armas ensambladas y fabricadas en Paraguay. Se unifica el costo del registro de armas para todas las clasificaciones y categorías en un jornal mínimo diario.
La nueva normativa apunta a incentivar y apoyar las actividades deportivas, por lo que se reglamenta la recarga de municiones para uso de clubes y asociaciones, de los tiradores y cazadores deportivos, como también se habilita la importación de insumos mediante la figura de la intermediación. Asimismo, se exonera a los tiradores y cazadores deportivos el pago de aranceles por participación en competencias en el exterior, informó la Presidencia.
Finalmente, se agregó como nueva la figura de exportación para fabricantes y ensambladores, bajo el argumento de que en el país existen dos empresas nacionales con capacidad de fabricar o ensamblar y exportar; se establece así también la intermediación para la comercialización de insumos, recarga, explosivos y certificación de control de calidad de prototipos de armas de fuego y la implementación de la figura del registro de huella balística en el Departamento de Registro Nacional de Armas (Renar) de la Dimabel.
La presentación estuvo a cargo Enrique Riera y otras autoridades.
