La actuación del oficialismo ante las movilizaciones de los docentes en marzo pasado contra la reforma de la Caja Fiscal, que presenta un serio déficit, fue muy diferente a las respuestas que actualmente ofrece ante la crisis de salud pública y la huelga del gremio médico.
Los docentes realizaron un paro total en el sistema educativo y diversas movilizaciones en todo el país luego de que fracasaran las primeras negociaciones con el Ejecutivo, que presentó el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal en pleno enero, y que afectaba las condiciones de su jubilación en cuanto a edad, monto del aporte y otros.
Una versión mínimamente flexibilizada fue aprobada en la Cámara de Diputados en febrero, y fue desde ese momento que recrudecieron las medidas de fuerza para evitar que el Senado sancione la ley.
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Los dirigentes de los sindicatos docentes comenzaron a reunirse con cada uno de los parlamentarios para generar un cambio de postura. Incluso hubo escraches, como el que realizaron frente a la casa del vicepresidente Pedro Alliana en Pilar.
Los legisladores cartistas rápidamente comenzaron a ver amenazadas sus estructuras electorales, como admitieron varios de ellos. Los diputados de Honor Colorado acusaron al entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, de haberlos estafado por convencerlos de aprobar un proyecto muy exigente.
Los docentes amenazaron con el “voto castigo”, en cada departamento, a pocos meses de las internas coloradas de junio para las municipales, y rápidamente el oficialismo cambió de postura. Alliana fue hasta el Congreso a bajar línea sobre el proyecto y anunció que cedían a los pedidos del gremio de educadores.
El senador Silvio Beto Ovelar incluso manifestó que con esta decisión le hicieron “un gran favor a Santiago Peña” porque pudo haber terminado en una gran crisis para su gobierno. Los docentes representan en todo el país una gran parte, muy influyente, para las bases coloradas. Su participación con grandes carteles y numerosa presencia en los mítines en las campañas políticas es de gran valor para el Partido Colorado.
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Actualmente, la postura para con el gremio médico es muy diferente. Desde el presidente de la República, Santiago Peña, que decidió llamarse a silencio hasta legisladores como el senador cartista Natalicio Chase, quien sostiene que los pedidos expuestos son “inviables”. Ante las propuestas de recortes, indicó que, por ejemplo, los viajes de parlamentarios no son un despilfarro porque son tareas misionales.
En el momento más crítico de la huelga, la semana pasada, Peña decidió asistir al rally, y hasta el momento no se cuenta con una propuesta contundente del Ejecutivo. La ministra de Salud, Teresa Barán, rechazó las exigencias de los representantes médicos alegando que el Ministerio no cuenta con el presupuesto necesario, y propuso impulsar la carrera sanitaria.
Tanto en el Senado como en Diputados se realizaron algunas reuniones, pero ninguna tuvo éxito. Desde esta semana, la situación empeoró con la renuncia masiva de médicos especialistas y subespecialistas, más de 300 hasta este lunes. Pero las autoridades mantienen su postura mucho más dura. El senador Basilio Bachi Núñez señaló que rechazará todas las propuestas de suba o creación de impuestos, aunque la recaudación sea destinada a la salud.
La senadora Esperanza Martínez criticó que el cartismo no resuelva la crisis como prioridad como sí sucedió con otros temas. “Cuando quiso, el cartismo dio sus golpes legislativos en 48 horas. Pero cuando se trata de temas que implican mejorar la calidad de vida de la gente o que pueden afectar los intereses de la rosca, entramos en un laberinto de excusas. Ante una crisis imposible de tapar con campañas de influencers y voceros: silencio y excusas. Rápidos para el copamiento y los negocios, lentos para la salud”, lanzó.
Los médicos reclaman un aumento salarial y mejores condiciones laborales, insumos médicos en los hospitales y pago de feriados trabajados. Plantean elevar el salario de G. 5 millones a G. 8 millones por vínculo laboral de 12 horas semanales. Otro de los pedidos se refiere a la desprecarización. De los 11.000 médicos del sistema de salud pública, 9.000 son contratados.
