Déjenme decirles, en un chispazo breve de optimismo, que no es tan así; que en tres décadas de ejercer el periodismo he presenciado cambios, la mayoría casi imperceptibles si los vemos en esos cortos periodos que suponen el ejercicio de una administración en particular, pero que resultan evidentes si miramos todo desde la perspectiva del largo plazo.
Menciono algunos casos concretos para explicar mi optimismo. He pasado buena parte de mi carrera publicando hechos de corrupción. En la primera década, la rutina era siempre la misma. El periódico sacaba a la luz alguna trapisonda y ese día buscábamos afanosamente alguna voz de la disidencia política para obtener, cuanto menos, una reacción pública.
Sabiendo de antemano que no habría fiscal que se animara a empezar siquiera una pesquisa, disparábamos contra el Ministerio Público. Según la magnitud del entuerto, la publicación podría mantenerse por algún tiempo esperando ingenuamente que los delincuentes de turno, como mucho, sintieran vergüenza de salir a la calle. Y punto. Era todo. El escándalo moría cuando aparecía uno nuevo.
En la segunda década surgió una camada de fiscales que se animaron a tomar los casos. Incluso algunos llegaron a sentar a algún peso pesado ante tribunales. Y hasta ahí llegaban. Los políticos y los magistrados de su nómina se encargaban de que las causas se extinguieran o desestimaran. Mientras, a los acusados no se les movía un pelo. Seguían impertérritos en sus altos cargos o en sus curules.
En esta última década, sin embargo, algo cambió. He visto cómo denuncias periodísticas se convertían en manifestaciones populares, en escraches públicos. Presencié la expulsión del Congreso de políticos todopoderosos devenidos en reos comunes. Últimamente, denuncias en redes sociales se han convertido en causas abiertas ante la Justicia.
En plena cuarentena sanitaria, cuando nadie podía salir a la calle a pasear una pancarta, el repudio virtual tumbó a funcionarios que parecían atornillados con los bulones de la complicidad política.
Hace veinte años, con mi colega y amigo Roberto Sosa debíamos hurtar algunos de los libracos de más de mil páginas del presupuesto público para encontrar, tras interminables horas de revisión, los resquicios por donde metían a los correligionarios en la nómina del Estado, se autoasignaban multimillonarios aumentos o dejaban sin recursos a Salud y Educación.
Hoy los datos los puede revisar cualquiera en una página web. Es más, se pueden tomar el tiempo y verificar el salario de cada funcionario, con nombre y apellido.
¿Esto quiere decir que ya somos Suecia o Noruega? Para nada, ni siquiera nos acercamos a Uruguay. Pero sí quiere decir que hay una evolución, aunque casi imperceptible porque nos falta demasiado. Y es importante saberlo porque suponer lo contrario es apuntar a la parálisis, a que todo quede igual, a evitar el esfuerzo del cambio.
Cito solo tres elementos con los que podemos incluso pegar un salto de calidad en un tiempo breve. Primero, que los casos emblemáticos que hoy están en la Justicia culminen con condenas ejemplares. Un peso pesado con varios años de prisión encima provocará un terremoto político y generará un sentimiento hasta ahora desconocido para quienes se sienten intocables: el miedo a la ley.
Los otros dos elementos ya los he mencionado antes y están relacionados con el proceso de cambio del aparato público. La mitad de los funcionarios y docentes se jubilarán en la próxima década. No vamos a cambiar a quienes ya están, pero podemos condicionar a quienes se sumarán de aquí en más.
La Ley de la Función Pública y el Estatuto Docente. Una carrera para el trabajador del Estado con salarios que respondan a su rol y a sus resultados, y un estatuto que solo permita a los mejores convertirse en maestros, y que figuren entre los mejor pagados del Estado. Y esto solo para empezar. Esa es la forma de honrar a la Patria. Se puede.
