El contralor Enrique García aprovechó su descargo ayer en el Senado para ratificarse que no entregará la declaración jurada de bienes de ninguna autoridad.
Alegó que solamente con una orden del Poder Judicial pondría una fotocopiadora frente a la Contraloría para entregar los documentos.
Este también es uno de los principales cuestionamientos en contra del funcionario.
Justamente desde el Congreso se había solicitado que se remitan las declaraciones juradas de autoridades de todos los poderes del Estado, pero no hubo respuesta.
“La razón de la oposición es que es un sistema que no rige en Paraguay”, alegó sobre la publicidad de la citada documentación, y citó artículos constitucionales, así como las excepciones dentro de la Ley de Acceso a la Información.
Remarcó que se había presentado un amparo ante la Corte, pero que hasta el momento no hay resolución.
“Hemos dicho y repetimos que el día que se resuelva, vamos a colocar una fotocopiadora en la vereda y vamos a repartir”, manifestó.
Refirió que su papel es ser custodio del registro de carácter privado y la protección del patrimonio documental.
Trajo a colación que la Asociación de Magistrados Judiciales remitió una nota para que den copias de declaraciones juradas de sus asociados a quienes lo soliciten.
“Es linda la nota, es simpática, genera apoyo, pero es ilegal”, ironizó García, y sugirió plantear una reforma del sistema legal.