A pesar de los cuestionamientos, se mantienen las cláusulas sobre la confidencialidad y la indemnidad.
Se agregaron algunos puntos, entre ellos unos requisitos obligatorios, como designar al procurador general para participar en los procesos de negociación para precautelar los intereses genuinos.
También hubo acuerdo para que los documentos sobre los contratos se remitan a la Contraloría y a las Comisiones de Salud, tanto del Senado como de Diputados. El texto se tratará ya mañana, a partir de las 10:00 en Cámara Baja.
Hubo consenso para que las vacunas anti-Covid puedan ser administradas en forma gratuita a los que quieran aplicarse, de tal manera que no sea una barrera para los que no tengan recursos.
CLÁUSULAS. Uno de los puntos cuestionados tiene que ver con la prórroga de jurisdicción a través de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero, y la aplicación de leyes extranjeras con relación a la adquisición.
El senador liberal Víctor Ríos propuso agregar que no implicará la suspensión de la vigencia de artículos del Código Civil y Procesal Civil.
“Me produce mucha impotencia, evidentemente no tenemos salida”, consideró. Explicó que la inclusión de los artículos permitirá preservar algo del Estado paraguayo.
“Los bienes de dominio público del Estado son inembargables. Aquí estamos renunciando a nuestra soberanía”, justificó el liberal.
Alegó que se trata de una situación de emergencia. Advirtió que en el caso de que se tenga que litigar en el exterior se corre el riesgo de que se toquen Itaipú y Yacyretá.
En cuanto a la indemnidad patrimonial, el luguista Jorge Querey indicó que conlleva la responsabilidad del Estado de responder cualquier reclamo que surja de la aplicación de las vacunas. Remarcó que las variables son múltiples, aunque no cree que se hagan aplicaciones masivas para conciudadanos si hay un riesgo razonable.
‘’Es importante que sepamos que a partir de la aprobación, todo el reclamo será contra el Estado paraguayo, no contra las empresas farmacéuticas que investigan y comercializan”, señaló.
Por su parte, el liberal Eusebio Ramón Ayala en cada intervención reclamaba saber con qué empresas y laboratorios estaba negociando el gobierno de Mario Abdo.
Con respecto a la confidencialidad de contratos, también hubo quejas.
Ríos puso como ejemplo un caso de denuncia sobre violación de confidencialidad de uno de los laboratorios porque a través de redes sociales parlamentarios de primer mundo difundieron los precios por cada dosis.
Sostuvo que es tan poderosa la fuerza que tienen estas empresas privadas que convirtieron a los presidentes y ministros en simples gerentes comerciales.
REQUISITOS OBLIGATORIOS. El bloque del Frente Guasu decidió presentar una serie de modificaciones para que se puedan agregar en el proyecto de ley que ahora debe ser analizado por los diputados.
Se trata de un quinto artículo en el que se indica una serie de requisitos de cumplimiento obligatorio.
Uno de ellos es la designación del procurador general de la Nación o a un adjunto para que participe en los procesos de negociación, y de esa manera precautelar los intereses genuinos del país.
El otro punto que se incluyó establece que una vez concluida la ejecución del contrato, todos los documentos de referencia deben remitirse a la Contraloría. Esta tendrá la misión de estudiar y dictaminar cada caso. Un planteamiento que quedó sin efecto fue una aclaración sobre la transitoriedad de la ley dentro del marco de la pandemia y la emergencia a nivel nacional.
Es que en uno de los puntos ya estaba estipulado que las facultades y autorizaciones tendrían vigencia mientras dure la emergencia sanitaria que fue declarada por ley.
