Los agentes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) encontraron una agenda, en la que se detallan supuestos pagos de coimas de parte del grupo criminal a agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional. La Fiscalía ya se encuentra trabajando actualmente en la revisión de dicho contenido.
Entre otras anotaciones, en el cuaderno aparece una lista en la que se detallan supuestos pagos a agentes del orden; en una figura un pago de G. 10 millones mensuales a la Senad; G. 3 millones a Narcóticos, que se interpreta como el pago a agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional y G. 2 millones mensuales a agentes de Inteligencia, entre otros. Asimismo, hay una lista de gastos de la supuesta organización criminal en la que figuran montos pagados por fletes y supuestos pagos a autoridades.
Los hechos descubiertos recientemente no hacen más que ratificar los diversos informes internacionales respecto a la crítica situación que vive el país en cuanto al crecimiento descontrolado del crimen organizado. Según los datos del Índice Global de Crimen Organizado, en el año 2021, Paraguay ocupaba el puesto 15 del ranking, pero en apenas tres años se ha posicionado como un verdadero centro de criminalidad y delincuencia organizada. Como consecuencia, y aunque sea triste admitirlo, ahora somos el cuarto país con mayor criminalidad organizada en el mundo.
De acuerdo con los expertos, el ascenso en el ominoso ranking se debe a varias razones: Corrupción estatal, posición geográfica estratégica, la narcopolítica y el contrabando de cigarrillos. Recordemos que el Operativo A Ultranza Py –que había revelado el alto nivel de permeabilidad del narcotráfico en el Estado paraguayo y que había expuesto un esquema que involucraba a traficantes, lavadores de dinero con empresas de fachada– comprometía a políticos, funcionarios, proveedores del Estado, diputados y senadores; esto sin mencionar, por supuesto, que a su paso la criminalidad va penetrando nuestras instituciones y corrompiendo todo a su paso: Gobiernos locales, municipios, gobernaciones, la Policía y la Justicia.
Felipe Santiago Acosta, alias Macho, está considerado como uno de los criminales más buscados en el país; actualmente lidera el control del tráfico de marihuana en el Departamento de Canindeyú; oriundo de Tavapy, Departamento de Alto Paraná, se cree que organizó su base de operaciones para el tráfico de drogas y que maneja una banda de sicarios.
Constituye, pues, una realidad compleja y sumamente delicada el supuesto pago de coimas por parte del grupo criminal a agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional. Es por eso que las autoridades y, en particular, la Fiscalía y la Justicia deberán poner todo su empeño y su compromiso para esclarecer la situación.
Sabemos que, desde hace varios años, el Paraguay es un territorio fértil para el narcotráfico y el crimen organizado; esto es así debido a la falta de controles, lo que expone la gran fragilidad de nuestras instituciones. Nos encontramos frente al peligro de que finalmente el narco y el crimen organizado acaben de cooptar las entidades del Estado paraguayo y que la delincuencia socave las bases del sistema democrático.
