Un reciente informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el 24,6% de los hogares enfrenta inseguridad alimentaria, y 5,3% están en una situación de gravedad. La inseguridad alimentaria significa que no lograron acceder a la cantidad y calidad de alimentos necesarias. Moderada implica que enfrentan incertidumbre a la hora de obtener alimentos y se han visto obligados a aceptar menos calidad o cantidad; mientras que la grave supone que los hogares quedaron sin alimentos y en algunos casos por varios días.
Esta situación es inadmisible considerando que Paraguay es un país exitoso en la producción y exportación de productos agropecuarios, muchos de los cuales son alimentos para personas. Otros rubros contribuyen de manera indirecta a la alimentación humana.
Paraguay se encuentra entre los 10 mayores exportadores mundiales de carne, almidón de mandioca, maíz y trigo, alimentos que forman parte de la gastronomía nacional. Además exporta otros productos que aunque están destinados a otros mercados o a la alimentación de animales, tienen origen en recursos con que cuenta el país.
A pesar de ello, una serie de indicadores anteriores a los recientemente publicados por el INE dan señales desde hace años del problema que enfrenta el país en el acceso a alimentos.
En primer lugar cabe señalar el aumento de los precios de los alimentos, muy por encima de otros productos de la canasta familiar. La inflación de alimentos no es nueva en Paraguay, ya lleva años producto del mal funcionamiento de las políticas públicas que no están ayudando a fortalecer la producción y comercialización. La crisis climática y la mala distribución de la tierra obstaculizan la producción sostenida de alimentos tanto para el consumo de las familias de la agricultura familiar como de las familias en el sector urbano.
El poder de mercado de los intermediarios, la falta de caminos de todo tiempo y de un seguro agroclimático, las sequías, las plagas y las olas de calor ponen límites a la producción y comercialización; mientras que paralelamente el imparable contrabando destruye el esfuerzo realizado por las fincas campesinas.
Los datos oficiales muestran que hay un deterioro de los indicadores de salud nutricional, con un empeoramiento en 2020. En la niñez de 0 a 5 años, el riesgo de desnutrición pasó de 17,4% a 21,3%; la desnutrición, de 4,8% a 5,7%. La obesidad y el sobrepeso también muestran incrementos.
Una cuarta parte de los alimentos son ultraprocesados. El consumo de este tipo de alimentos está relacionado con la obesidad y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e incluso cáncer.
La falta de salud nutricional tiene importantes consecuencias en muchos ámbitos de la calidad de vida. En los primeros 1.000 días impide el desarrollo infantil temprano y en los siguientes años conduce a dificultades en el aprendizaje y en la prevalencia temprana de enfermedades crónicas que luego en la adultez reducen la productividad. La calidad de vida y la autonomía en la vejez se relacionan de manera directa con la nutrición a lo largo de la vida.
Para cualquier política pública, la prevención siempre es más eficiente y de mayor impacto. En este caso, una política pública que garantice el acceso a alimentos sanos constituye la mejor intervención en salud, educación, protección social y trabajo. Es fundamental que las autoridades comprendan la relevancia del reciente informe e implementen acciones urgentes para revertir la situación y cambiar la trayectoria de todos estos indicadores.
