La Cámara de Senadores estudiará este miércoles el proyecto de ley de reforma del transporte público. Desde el Poder Ejecutivo, señalaron que no se oponen a las modificaciones aprobadas en Diputados. El estudio se dará en el contexto de una nueva convocatoria a huelga por parte de los choferes, quienes adelantaron que solo levantarán la medida de fuerza si el presidente de la República, Santiago Peña, veta los artículos cuestionados.
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, junto con el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, acudieron este martes ante las comisiones de Hacienda y Cuentas y Control de la Administración del Estado, para sentar postura sobre los cambios que introdujeron los diputados en el proyecto de ley.
Tanto Centurión como Fernández señalaron que no tienen oposición alguna hacia las modificaciones. Dichas comisiones emitieron dos dictámenes. Uno de ellos por la aprobación de la versión Diputados y otro por la ratificación de la versión Senado.
Estudio. El polémico proyecto de ley de reforma del transporte público, presentado por el Gobierno, será finiquitado en el Congreso una semana antes de la fecha en la que los principales gremios de trabajadores del sector prevén iniciar una huelga por 48 horas.
Los trabajadores, quienes aseguran que la reforma es necesaria, están en contra de tres articulados, que según expresan, atentan contra las garantías laborales.
Los trabajadores decidieron realizar una huelga para los días 16 y 17 de diciembre como medida de protesta. Aseguran que no acudirán a reuniones tripartitas y que solo conversarán con Santiago Peña.
Cambios. En la Cámara de Diputados fueron introducidos cambios respecto a la duración de las concesiones, estableciendo un mínimo de 7 años. Asimismo, se introdujo la obligatoriedad del pago de subsidios cada 15 días.
Los legisladores de la Cámara Baja incluyeron también otras modificaciones que van de la mano con los pedidos de los municipios. En ese sentido, se decidió mantener el cobro de tasas municipales a las empresas operadoras e incluir a las comunas en las decisiones del Comité de Movilidad Sostenible.
Los diputados también establecieron la obligatoriedad de la contratación de los empleados en el caso de absorción de empresas y eliminaron las evaluaciones previstas para los conductores ante alguna fusión de firmas.
El Senado ya no podrá introducir modificaciones.
300 millones de dólares es el dinero que se necesitará para la compra de 1.000 buses, en el proceso de reforma.
80 por ciento es el nivel de acatamiento que tendrá la huelga general, según aseguraron los gremialistas.
VT minimiza impacto de deudas con las empresas
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, respecto a la huelga, aseguró que el Gobierno volverá a conversar con los choferes sobre la huelga ya que “lo que importa es el interés ciudadano”. Asimismo, respecto a las deudas que el Estado tiene con las empresas del transporte, quienes notificaron al Ministerio del Trabajo que no podrán pagar aguinaldos por las demoras en el subsidio, aseguró que se está trabajando en el pago de octubre, con un retraso de 6 días. No obstante, afirmó que administrativamente el Estado está al día con las empresas. Por otro lado, afirmó que el pago del mes de noviembre depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
