Editorial

Sancionar a quienes ubican a parientes en puestos estatales

 Aprovechar una situación de poder o privilegio para ubicar a familiares o amigos en cargos o empleos públicos puede ser tanto un delito de tráfico de influencia, como de nepotismo. En estos días saltan nuevamente varios casos, como el de la diputada Marlene Ocampos, que ubicó a su hija como directora sin haber concursado, o el del propio presidente Horacio Cartes, quien nombró al hermano del imputado legislador Víctor Bogado como cónsul en Málaga, o el de la hija de la ex diputada Perla de Vázquez, quien sigue en la Dirección Médica de Diputados, tras haber sido denunciada como planillera. En estos días de hartazgo ciudadano ante la corrupción, hay que buscar la manera de sancionar a quienes se aprovechan del Estado para beneficiar a su entorno.

Muchos legisladores, dirigentes políticos, autoridades y funcionarios que ocupan puestos de privilegio o de poder en las estructuras del Estado, lejos de entender la importancia de su función como un servicio a la Nación y a los ciudadanos, lo ven como un botín interminable al cual sacarle provecho propio o para beneficiar a su entorno, entre ellos conseguirles puestos de trabajo sin concursos de méritos.

Uno de los casos que han trascendido en estos días y han generado mucha indignación, es el de la diputada colorada Marlene Ocampos, quien ha ubicado a su hija, Évelyn Paola Segovia Ocampos, como nueva directora de Promoción y Gestión Cultural de la Cámara de Diputados, sin cumplir con el requisito de concursar para obtener el puesto.

El presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, justificó el nombramiento de la hija de la diputada, asegurando que cada legislador tiene el beneficio de contratar hasta a tres personas de su confianza, lo cual convierte al Poder Legislativo en una prebendaria agencia de contrataciones, inflando el número de funcionarios por favores políticos y abre las puertas a la corrupción, tal como se dio en el caso de algunos legisladores, como José María Ibáñez o Tomás Rivas, quienes fueron descubiertos por la prensa utilizando estos cupos para pagar ilegalmente a sus trabajadores domésticos con dinero del Estado.

Otro caso sonado tiene como protagonista al propio presidente de la República, Horacio Cartes, quien antes de entregar su cargo el próximo 15 de agosto, decidió premiar a Hugo Rolando Bogado, hermano del procesado senador colorado Víctor Bogado, designándolo como cónsul general en Málaga, España, sin ser diplomático de carrera, ni formar parte del escalafón diplomático. Justamente, el senador Bogado está imputado por pagar con dinero del Estado a su niñera, Gabriela Quintana, a quien hacía figurar como funcionaria del Poder Legislativo.

Del mismo modo ha vuelto a reiterarse el caso de la médica Perlita Paredes, hija de la ex diputada colorada Perla de Vázquez, quien fue imputada como planillera en el 2014, por cobrar varios sueldos públicos y no cumplir con el compromiso laboral. Actualmente, Perlita forma parte de la División Médica de Diputados, donde existen 22 funcionarios, pero que no cumplen mayormente funciones, ya que los legisladores cuentan con un también cuestionado seguro médico vip.

En estos días de acciones de hartazgo ciudadano ante la corrupción, hay que buscar la manera de sancionar a quienes se siguen aprovechando del Estado para beneficiar a su entorno, ubicando a familiares o amigos en cargos o empleos públicos, en situaciones que pueden configurar tanto un delito de tráfico de influencia, como de nepotismo.

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