Esta iniciativa, entre otras cosas, pretende otorgar a la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, la categoría de Dirección Nacional, volviéndola autónoma y autárquica, cambios necesarios, según la exposición de motivos, si se quiere ejercer de manera más efectiva las funciones asignadas, y al mismo tiempo proyectar el desarrollo de la institución a nivel de su recursos humanos y tecnológicos. El proyecto pasó al Ejecutivo para su promulgación o veto.