En medio de la polémica que desató su propuesta, hizo algunos cambios y redujo a los trabajadores de la salud que murieron en servicio a causa del coronavirus.
Como igual no logró convencer, finalmente anunció que dejaba sin efecto.
Su proyecto establecía un único pago de 30 salarios mínimos a los familiares, ya sea el cónyuge, hijos, padres o hermanos del personal de blanco que haya fallecido.
En su exposición de motivos, sostuvo que el Estado debe asumir responsabilidades por las consecuencias de la pandemia del Covid y el deber de contener de cierta manera a las familias de las víctimas fatales.
Argumentó que el apoyo y la asistencia económica a las familias alcanzarían a médicos y enfermeras, ya sea del sector público o privado, que estuvieron salvando vidas y luchando frontalmente en primera línea contra el virus.
“Tuvieron que soportar las familias la pérdida de un ser querido y haciéndose cargo de los gastos que conlleva la enfermedad”, alegó.
Refirió que sería aplicable desde el inicio de la pandemia hasta que se declare el final.
