Aunque la Fiscalía estadounidense había pedido 21 años y 11 meses de prisión, la jueza Ellen Huvelle decidió mantener la pena en algo más de 15 años, que cuentan desde el momento en el que ingresó en prisión en Colombia en 2006, por lo que podría salir en libertad en unos cuatro años, si se le aplica algún tipo de reducción.
Aunque Mancuso compartía el liderazgo de las AUC con el fallecido Carlos Castaño, la Justicia de EE.UU. asegura que el acusado era quien “ejercía control directo” sobre algunos de los bloques de esos escuadrones paramilitares de ultraderecha, compuestos en total por 30.000 personas organizadas como una “división del Ejército”.
Mancuso, alias “El Mono”, y otros 13 altos exjefes militares de las AUC fueron extraditados a EE.UU. el 13 de mayo de 2008 en aviones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), cuando el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010), lo autorizó.
Entonces, el Gobierno de Uribe alegó que los extraditados habían incumplido los compromisos de la Ley de Justicia y Paz al haber seguido delinquiendo desde la prisión y, por tanto, no merecían los beneficios de esa medida, destinada a los paramilitares que habían depuesto las armas.
La Corte del Distrito de Columbia, ubicada en Washington, ha guardado silencio durante años sobre estos casos ante la posibilidad de que, en ellos, se desvelarán secretos de la “parapolítica”, escándalo que salió a la luz en 2006 y que reveló nexos entre dirigentes políticos colombianos y paramilitares.
En 2009, Mancuso se declaró culpable y desde entonces ha estado colaborando con la Justicia estadounidense, por lo que su abogado, Joaquín Pérez, solicitaba una reducción de pena mayor.
En total, el exjefe paramilitar ha cumplido siete años y un mes de prisión en Estados Unidos, más un año y nueve meses cumplidos en una cárcel colombiana.
Durante sus años de encarcelamiento en EE.UU., en Colombia continuaron los procesos judiciales y las condenas, la última de ocho años de cárcel contra Mancuso en octubre pasado por crímenes de lesa humanidad como torturas, desaparición forzada, homicidios y desplazamientos.
Queda en manos de la Justicia colombiana evaluar si los años cumplidos en Estados Unidos computan por los crímenes de los que se le acusa en Colombia.
